Con la declaración oficial de que el nuevo presidente de Colombia para el período 2026-2030 es el abogado y empresario Abelardo De La Espriella, se abre un nuevo capítulo en la vida política del país que se prevé, podría generar en el futuro, nuevas contradicciones y conflictos sociales, que pueden avivar aún más la confrontación política e ideológica entre los partidarios del Pacto Histórico y quienes apoyan al nuevo presidente que se posesionará el próximo 7 de agosto, al quedar dividido el país en dos mitades y con ello materializada la confrontación política, entre el gobierno y la oposición, que difícilmente podrá llegar a acuerdos con el fin de preservar la unidad nacional como base de la institucionalidad democrática y el respeto por las diferencias desde el punto de vista ideológico y político.
De persistir en la confrontación política, podría caerse en una ola de violencia, cuyas consecuencias no solo agravarían la situación general del país, sino que aplazarían por mucho tiempo las soluciones a los graves problemas por los que atraviesa el pueblo colombiano sumido en la pobreza y en la desigualdad social, la inseguridad y la informalidad, además de la dificultad para acceder a la salud y a la educación considerados como derechos fundamentales.
A dicha conclusión se puede llegar después de examinar con cierto rigor algunas de las afirmaciones conocidas del otrora candidato presidencial y hoy presidente electo de la república Abelardo De La Espriella, al anunciar durante la campaña que introduciría varios cambios fundamentales en la organización y administración de los asuntos del Estado, reduciendo por ejemplo su función, particularmente en la actividad económica, política y social del país, y priorizando la inversión privada y la libre competencia en el mercado, con lo cual se mantiene una vez más la aplicación de las políticas neoliberales que le han traído a los colombianos más pobreza y desigualdad social.
Así mismo, resulta preocupante la afirmación de que realizará “pactos parciales” con determinados sectores económicos y políticos privilegiando de esta manera el interés particular por encima del interés general de que trata la Constitución Política de Colombia. Al tiempo que, lo que espera el pueblo colombiano desligado de la politiquería y de los radicalismos ideológicos de izquierda y de derecha, es la posibilidad de lograr un gran “acuerdo nacional” que permita por lo menos refrenar la polarización y la violencia y así poder avanzar en la consecución de la paz, el progreso y el bienestar general para todos.
Por otra parte, resulta insólita la actitud asumida por el presidente Petro, quien en la postrimería de su mandato ha manifestado “que se debe invitar al presidente Trump a participar en aquellas decisiones trascendentales que los colombianos debemos tomar, ya que ha intervenido personalmente en las elecciones de nuestro país”.
Circunstancia esta que de cierta forma concuerda con la posición asumida por el presidente electo De La Espriella, quien ha considerado necesario adherir a la política militar del gobierno norteamericano atinente al denominado “escudo de las Américas”.
En tales circunstancias resulta particularmente inquietante, que se levanten nuevas barreras para impedir formalizar algunos acuerdos entre el gobierno y la oposición, cuando de un lado y del otro, no existe la voluntad para su realización, en tanto, surgen nuevas amenazas y desafíos que solo conducen a profundizar la polarización y con ello la violencia en todas sus formas y manifestaciones.
El proceso de paz hace parte de otro de los capítulos que deberían tratarse a partir de la construcción de una nueva política integral de cooperación y ayuda mutua entre los países afectados básicamente con el narcotráfico que se ha convertido en un fenómeno global, rebasando con ello las posibilidades de combatirlo aplicando simplemente políticas “de mano dura” y dándole a los integrantes de las bandas organizadas un mes de plazo para que se sometan a la justicia, tal como lo propone el presidente electo De La Espriella.
El camino más seguro para avanzar en la solución de todos los problemas que afrontan los colombianos, tiene que ver con la obligación constitucional de las autoridades de garantizar la participación de los ciudadanos en todos aquellos aspectos fundamentales de la vida económica, política, social, ambiental, etc., los cuales en su gran mayoría viven de su trabajo y se merecen contar con mejores condiciones de vida económica y social en materia de seguridad, justicia, salud, educación, trabajo y medio ambiente.
Conjuntamente con la participación de los ciudadanos, las fuerzas políticas y sociales de estirpe democrático y progresista tienen el deber moral y político de asumir con espíritu crítico y autocrítico, el liderazgo que se requiere para superar las dificultades que afronta el país más allá de los radicalismos políticos e ideológicos y las tendencias populistas y autoritarias que recorren buena parte del mundo capitalista globalizado.
ADENDA: Pasado el período electoral con la elección del presidente, los medios de comunicación resultaron perdedores y con su credibilidad debilitada por asumir en su gran mayoría, posiciones de militantes de uno de los dos sectores políticos en contienda y la información estuvo influida por esa equívoca posición de “sincretismo” informativo en el que las simpatías a su candidato, era evidente y de lo cual no se salvaron ni la red de medios del Estado.
El derecho de expresión de los ciudadanos continuará menoscabado, minando la democracia participativa que constituye uno de los fundamentos y fines de la Constitución Política, en momentos en que es necesario escuchar sus voces sobre los grandes temas de interés general debiendo, ser analizadas sus consecuencias y debatidas ampliamente sin restricciones o limitaciones, por los efectos negativos que algunas de ellas generarán a los principios fundantes del Estado Social de Derecho.
Resulta más urgente que nunca que los ciudadanos asuman sus deberes y obligaciones derivadas de la participación en los asuntos de interés general y exigir de las ramas judicial y legislativa el ejercicio de sus funciones como lo demandan el artículo 123 de la C.N. que dice “Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento” y el artículo 209 “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, … Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. …”; como se lee, el fin supremo es la prevalencia del interés general por encima de los intereses particulares, que es una de las fallas de la gestión pública en el país conduciendo a la corrupción, inequidades, aumento de la pobreza y de la concentración de la riqueza.
