La semana pasada, Caliescribe publicó una investigación exclusiva que revela la profunda politización de la administración del alcalde Alejandro Eder en Cali, un gobierno debería estar centrado en la gestión y la transparencia, derivó en una lógica de poder que prioriza :
- La alcaldia convertida en un directorio politico
- Y el concejo , con sus subalterno ( Personero ), en control político y disciplinario sobre el cumplimiento administrativo y de las normas
En privado se decía que era la guerra entre el blanco (Eder), con un poder excesivo como alcalde, que maneja billones y 15.000 PS, y el Concejo, representado por el negro Lucumí (presidente y de Cambio Radical), defensor de la órbita constitucional del Concejo para elegir contralor. Y otros partidos, jugando a entrar al gabinete de Eder para darle solidez política dentro del Concejo.
Lo particular: el caso Gustavo Orozco ( Movilidad )
Se convirtió hoy en la controversia: La Personería de Cali lo suspendió provisionalmente por 3 meses, alegando que ejerció funciones durante su incapacidad médica. Orozco denunció la medida como “injusta” y sin garantías de debido proceso, solicitando que la Procuraduría asumiera el caso mediante el poder preferente, al considerar que la Personería Distrital actúa con sesgo e irregularidades.
Aunque su reclamo tiene componente político, la sanción se ampara en normas de responsabilidad administrativa que prohíben a los funcionarios ejercer durante una incapacidad. Este episodio revela la selectividad del control disciplinario y cómo las disputas internas del gobierno local se disfrazan de legalidad.
Ahora, al Concejo de Cali le queda la oportunidad de ejercer un verdadero control político mediante una moción de censura contra el secretario de Movilidad. Las quejas ciudadanas por el trato arbitrario de los agentes en las calles, las decisiones improvisadas y el uso excesivo de la autoridad evidencian un desgaste institucional que exige respuesta. Este mecanismo, nunca aplicado en la historia reciente del distrito, permitiría al cabildo marcar un precedente de responsabilidad y demostrar que la rendición de cuentas no es selectiva, sino un deber con la ciudad y sus habitantes.
Lo general: la politización de la administración
La sanción a Orozco no surge en un vacío. La Alcaldía ha intervenido en procesos que no le competen, como la elección del contralor, ha removido funcionarios y contratistas bajo lógicas de poder político:
“Desde el año 2024, la administración distrital mantiene una estructura paralela de poder político a través de la contratación por prestación de servicios (PS), con cerca de 15.000 contratistas (12.000 en la administración central y 3.000 en entidades descentralizadas).”
“Se denuncian reuniones sostenidas entre funcionarios de la Alcaldía y contratistas PS, donde se promueve explícitamente el apoyo a …”
“La elección del contralor fue intervenida por la Alcaldía, en abierta intromisión de su órbita. Los procesos internos quedaron subordinados a la lógica de poder.” Estas prácticas afectaron la transparencia y plantearon riesgos legales sobre conflicto de intereses, imparcialidad y moralidad administrativa, principios fundamentales del derecho colombiano.
El patrón: la política sobre la gestión
Caliescribe evidencia que la administración ha priorizado la política sobre la gestión. No resolvió los temas pendientes en Cali por décadas , concentrados en los últimos 10 años ( Quiebra fiscal de la ciudad, inseguridad estructural, inviabilidad MIO, incumplimientos con las billonarias megaobras, pésima educación, excesiva informalidad laboral, etc ). Todo con la complacencia silenciosa del Concejo.
Y la alcaldia tiene en la contratación directa su arma politiquera, hace anuncios de proyectos sin hoja de ruta, programas emblemáticos que no se ejecutan… todo indica que el cálculo electoral y la consolidación de poder son la prioridad.
“La contratación directa continúa siendo el mecanismo preferido por el gabinete, a pesar de las promesas de transparencia.”
“En 2024 más de 900 mil millones de pesos hubo en contratación directa para favorecer a amigos y allegados de los funcionarios…”
La guerra política abierta
La consecuencia de estas acciones es clara: una guerra política abierta en Cali, donde cada medida administrativa genera reacción legal y cada nombramiento o remoción es analizado bajo la lupa del derecho y la política. La Alcaldía, lejos de actuar como ejecutor técnico, se ha convertido en un actor político que disputa poder con el Concejo y los órganos de control.
El caso de Infraestructura la semana pasada y ahora Orozco simboliza esta confrontación: la Personería y el Concejo actúan como contrapesos frente a la extralimitación del poder ejecutivo, mientras la ciudadanía percibe la erosión de la confianza en sus autoridades.
Propuesta para Cali, el alcalde , el Concejo y ciudadanos
Este enfrentamiento debería ser un llamado a la reflexión y a la acción conjunta para resolver los grandes problemas de Cali: capital colombiana de la violencia, ciudad con inviabilidad fiscal y un PIB per cápita inferior a US$7.000 en 2024, marcada por la desigualdad social, la alta informalidad laboral y una educación de pésima calidad; todo en medio de una infraestructura deteriorada y barrios que carecen de agua en época de estiaje. Solo así la política dejará de ser un obstáculo para convertirse en un instrumento de construcción y bienestar colectivo.
La investigación exclusiva de Caliescribe evidencia que la administración de Eder ha relegado la gestión como propósito y ha convertido la política en herramienta, al involucrarse en la campaña electoral con candidatos promovidos desde el despacho del alcalde, observando el tablero nacional para asegurar un senador y un representante a la Cámara. Los órganos de control, con sustento jurídico, intentan restablecer la legalidad, pero la ciudad enfrenta una guerra política abierta, donde la transparencia y el derecho chocan con el cálculo del poder. Mientras la administración no retome el eje de la gestión, respete las normas y abandone la instrumentalización de lo público, Cali seguirá siendo escenario de confrontación política, con la ciudadanía como testigo y víctima de esa disputa.
