En Cali, la movilidad se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para ciudadanos y autoridades. Las “trastadas de movilidad” son el pan de cada día: decisiones improvisadas, operativos sin planeación integral y una infraestructura que no responde al crecimiento urbano. Es hora de hablar con franqueza: la ciudad necesita con urgencia actualizar su Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y, en consecuencia, un Plan de Movilidad que esté a la altura del crecimiento de la ciudad y su parque automotor.
El Código Nacional de Tránsito es claro: el artículo 94 establece que los conductores de motos deben circular a la derecha de las vías, en fila, a no más de un metro del andén. La ley prevalece sobre decisiones locales y, sin embargo, los operativos en Cali muchas veces parecen desconocer estas reglas. Peor aún, la misma Secretaría de Movilidad, en ocasiones, se dedica a imponer comparendos como si esa fuera su función principal, cuando en realidad esta recae en los agentes de tránsito investidos de autoridad. Esa confusión de roles genera abusos y desconfianza en la ciudadanía.
El desorden no es solo normativo, también urbanístico. Basta recorrer la Autopista Suroriental, a la altura de las carreras 32 y 33 en el barrio Olímpico, para notar el caos. Allí se levantó una clínica privada de cinco pisos, con escasos parqueaderos y sin prever el flujo de al menos 400 usuarios diarios, en su mayoría motociclistas. ¿Cómo se permitió semejante error de planeación? Tanto la Curaduría como la Oficina de Planeación de la Alcaldía dieron su aval sin exigir zonas de estacionamiento adecuadas. El resultado es predecible: congestión, parqueo indebido en calles angostas y operativos represivos que no solucionan la raíz del problema.
A esto se suma la falta de transparencia en los controles. Un ejemplo claro es el puente de la carrera 80 con calle 5ª, cuya pendiente obliga a los vehículos de bajo cilindraje a acelerar para no “corcovear”. Al llegar a la cima, muchos conductores superan levemente los 50 km/h, y unos metros más adelante son sorprendidos por cámaras y guardas ocultos. No se trata de garantizar seguridad vial, sino de montar celadas para recaudar. Lo mismo ocurre en la calle 13B, donde edificios ocultan operativos listos para sancionar a quien caiga en la trampa.
Los controles son necesarios, nadie lo discute, pero deben ser pedagógicos, visibles y transparentes. La movilidad no se mejora con trucos ni emboscadas, sino con planeación urbana seria, infraestructura adecuada y transporte público eficiente. El MIO no llega a muchas zonas críticas, y no todos los ciudadanos pueden costear taxis diariamente. La ausencia de estacionamientos públicos, ciclorutas seguras y una red de transporte intermodal condena a Cali al desorden.
La actualización del POT no puede seguir esperando. Sin un rediseño del espacio urbano que priorice la movilidad sostenible, segura y equitativa, la ciudad seguirá atrapada entre la improvisación y la trampa. Cali necesita reglas claras, espacios adecuados y un modelo de movilidad, adoptado por acuerdo distrital, pensado para la gente, no para la caja registradora de la Alcaldía.
