Según entrevista aparecida recientemente en el diario EL PAIS al gerente general de EMCALI Roger Mina, éste se ha propuesto como objetivo principal la recuperación definitiva del componente de Telecomunicaciones para lograr que genere utilidades para la empresa.
Otro de los objetivos consiste en que se considere al usuario como el centro de todo el servicio que genere la empresa el cual debe prestarse con “atención, prontitud y eficiencia” según sus palabras.
Así mismo, el gerente se propone lograr que la empresa en su conjunto goce de estabilidad financiera para lo cual propone una auditoría externa,
Según el gerente de EMCALI, los objetivos propuestos les traerán a los usuarios grandes beneficios ya que se trata en fin de cuentas de elaborar una nueva política en materia económica, financiera y operativa, que permita mejorar las condiciones de prestación de los servicios acordes con los intereses y necesidades de los usuarios y contando para ello con el apoyo de las nuevas tecnologías.
Por otra parte, el gerente no quiere que los logros que se vienen obteniendo en cuanto a transición energética mediante la instalación de paneles solares en cerca de mil viviendas de Llano Verde y en la estación Simón Bolívar del MIO, al igual que los logros en materia de tratamiento de las aguas residuales que desembocan en el río Cauca y de la realización de inversiones en la modernización de la planta de Tratamiento de Residuos PTAR, se conviertan en réditos de los dirigentes políticos para fines electorales.
La idea de generar un cambio en las empresas municipales de Cali, pasa necesariamente por el examen detenido de las causas que han llevado a la empresa a entrar en un proceso de declive que va más allá de los esfuerzos que realiza el gerente por sacarla adelante, avasallada por la competencia en la generación de energía y en materia de telecomunicaciones.
EMCALI demanda de una nueva estructura no solo económica y financiera sino jurídica que le permita a nivel regional enfrentar la competencia en materia de prestación de los servicios domiciliarios y los relacionados con la telefonía celular, la internet y la extensión de la fibra óptica en toda la ciudad.
El gerente no informa sobre los planes y programas para recuperar telecomunicaciones y a la empresa en general y el costo de los mismos, limitándose a anunciar los acuerdos para la terminación de contratos laborales lo cual viene realizándose desde el momento de la transformación de establecimiento público a EICE con un costo económico grande para los usuarios que a través de las onerosas facturas pagan una tarifa elevada por la deficiente prestación de los servicios públicos.
Tampoco informa sobre el cambio urgente de redes en gran parte de las comunas de la ciudad, ni su extensión a los nuevos barrios que se legalizarán, lo cual implica un costo del que nada se informa.
En cuanto al servicio de telefonía este perdió su carácter de público domiciliario desde la aprobación de la ley de TICs, quedando simplemente como servicio público, sin que la administración de la época ni las siguientes realizaran las gestiones para que EMCALI incursionara en la telefonía móvil, restándole a la empresa la posibilidad de contar con un gran negocio.
Así mismo, deben crearse las condiciones para que los trabajadores@s, y los usuarios participen efectivamente en la gestión de la empresa de acuerdo con la Constitución Política, y en la titularidad de las acciones de la misma, en tratándose de que EMCALI se transforme en una empresa estatal organizada bajo la figura jurídica de una sociedad anónima de carácter regional.
El avance progresivo de la empresa y el mejoramiento de la prestación de los servicios públicos deben ser el objetivo principal del presente y futuro de EMCALI como la empresa más importante del sur occidente colombiano.
La responsabilidad de alcaldes y gerentes en la pérdida de valor de la empresa debe ser objeto de debate porque los ciudadanos en este caso, los usuarios de EMCALI, no pueden continuar pagando los efectos negativos a través de las facturas, de una mala gestión de lo público que se alejó de los fines del Estado Social de Derecho.
ADENDA: En este momento la situación de los vendedores del centro de la ciudad se encuentra determinada por la posibilidad de su desalojo del espacio público utilizado para desarrollar su actividad laboral, luego de que un juez le ordenara al alcalde proceder a recuperar el espacio público, en tanto se dice desde la subsecretaría de inspección, vigilancia y control de la ciudad, que de lo que se trata es de proceder a una reorganización de los vendedores en espacios reducidos de 1.20 por 1.00 Mts. De todas maneras, el reacomodo de los vendedores no constituye una solución definitiva y posible de realizar, teniendo en cuenta que en dicho sector existen más de 2.500 vendedores y no obstante los ingentes recursos invertidas en “solucionar” esta problemática, sin que se vean logros en dos asuntos sensibles como son el derecho al trabajo de quienes realizan esa actividad y el derecho al espacio público, uso de andenes, vías y parques por los habitantes de Cali.
Las acciones propuestas por la alcaldía sin que previamente se lleguen a determinados acuerdos, pueden conducir a la violación de los derechos de este grupo poblacional que crece exponencialmente en la ciudad en donde no existen otras oportunidades distintas a la realización de trabajos por cuenta propia continuando la vulneración de los derechos fundamentales a la movilidad y libre tránsito de los habitantes de Cali que no pueden usar el espacio público en la forma consagrada en la Constitución Política.
ADENDA DOS: Aunque la sentencia del Consejo de Estado decretó la nulidad de la ordenanza por medio de la cual el departamento del Valle del Cauca creó la sobretasa de Seguridad, la gobernadora insiste en mantenerla vigente con base en la aprobación recientemente de una nueva ordenanza ordenada por la Asamblea Departamental violando varias normas legales y constitucionales que señalan que las entidades administrativas como el concejo municipal y las asambleas departamentales no pueden establecer gravámenes, en tanto esta función compete directamente al congreso de la república en lo que concierne a la determinación del hecho generador y a los sujetos activo y pasivo del gravamen.
