Esta crisis se viene gestando de tiempo atrás en la medida en que buena parte de las normas constitucionales se convirtieron en la práctica en letra muerta, en medio de la lucha competitiva entre las clases dirigentes y sus partidos políticos por el acceso y control del poder del Estado, en tanto se acumulaban incesantemente los problemas económicos, políticos y sociales, en temas de seguridad, empleo, educación, salud, comunicaciones, transporte, que conjuntamente con el aumento de los índices de inflación, incremento de la deuda pública, los gastos de funcionamiento del Estado, etc., agotaron las posibilidades de los distintos gobiernos de turno para resolver los problemas que se presentaban con una población creciente de habitantes que comenzaron a desplazarse del campo hacia los centros urbanos en procura de nuevas oportunidades de trabajo y de vida, formando grandes cinturones de pobreza que reclamaban sus derechos a las autoridades locales y regionales.
Entretanto, en la Constitución Política de 1991 se instituía como gran logro del Constitucionalismo contemporáneo, las ideas de la libre competencia económica considerada como un derecho de todos los colombianos, la cual impulsaría el desarrollo de la economía, al tiempo que poco a poco iba perdiendo su influencia ante la presencia de los grandes monopolios nacionales y extranjeros que se apropiaron de los recursos naturales y de los mercados de venta de diversos productos, bienes y servicios, lo cual ocurría a la luz pública y con el asentimiento de los gobiernos particularmente con aquellas empresas ligadas a la explotación de los recursos naturales. De esta manera se pensaba que con ello se protegería la libertad económica, la defensa del interés general, el medio ambiente natural y el patrimonio cultural de la nación, los cuales son objeto del deterioro sistemático por cuenta de los grandes monopolios nacionales e internacionales.
Aunque la dirección de la economía se encuentra en manos del Estado, no ha sido posible alcanzar de manera progresiva los objetivos y fines del Estado Social de Derecho en lo que se refiere particularmente al mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad, al tiempo que la productividad del trabajo sigue siendo baja y el desarrollo de la economía en las regiones continúa siendo muy desigual.
No sobra agregar que la actividad financiera, bursátil, aseguradora y relacionada con el aprovechamiento en general de los recursos públicos, aunque solamente puede ser ejercida con autorización del Estado por el sector privado, lo cierto es que dicha función se le ha venido entregando a los particulares, en medio de la creciente influencia que ejercen en la actividad económica y que en lo fundamental se extiende a diversos sectores de la vida económica del país, para la ejecución de toda clase de contratos que suscribe el Estado con terceros, por ejemplo, para la ejecución de obras de infraestructura, carreteras, puentes, viviendas, etc. Actividad ésta que tiene lugar a través de las denominadas alianzas público privadas -APP_, que se celebran entre el Estado contratista y el sector privado.
Desde que la Constitución de 1991 recogió no solo las viejas tesis sobre el proteccionismo estatal, auspiciadas en su tiempo por la CEPAL y materializadas a través de la política de sustitución de importaciones encaminada a promover el desarrollo industrial de los países, todo ello trajo un mayor endeudamiento de la nación, inflación y desvalorización de la moneda, al tiempo que el país se hacía cada vez más dependiente desde el punto de vista económico de los Estados Unidos de Norteamérica y en general de los monopolios internacionales que surtían a la nación de los productos, bienes y servicios.
Así mismo, es necesario señalar que nuestro régimen económico y de la Hacienda pública establecido en la Constitución ha sufrido el impacto de las políticas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional a través de los TLC y demás convenios internacionales suscritos con el país del norte, con los cuales Colombia ha perdido autonomía y soberanía en el manejo de las relaciones comerciales, aumentándose con ello, nuestra dependencia económica de otras economías, lo cual ha sido aprovechado por los grandes monopolios dirigidos por el gran capital financiero nacional e internacional que en la actualidad han entrado en un proceso de declive a nivel global que a su vez afecta en última instancia nuestro sistema económico, político y social, conduciéndonos a la crisis de la cual difícilmente se podrá salir, en tanto no se profundicen los cambios que demanda el país con la participación de las fuerzas políticas y sociales de carácter democrático y progresista comprometidas con la construcción de una nueva realidad social producto de la expresión de la voluntad de la inmensa mayoría del pueblo colombiano.
