El aumento del salario mínimo en Colombia ha profundizado la crisis que enfrenta la educación privada desde la pandemia. Según la Asociación de Colegios Privados de Colombia (Acopricol), cerca de 800 colegios han cerrado desde 2020. Cada cierre representa la pérdida de empleo para docentes y administrativos y la desaparición de proyectos educativos construidos durante años.
“Esto no es una crisis puntual, es un problema estructural que se viene acumulando desde hace años”, señaló Juan Pablo Santiesteban, vicepresidente de Acopricol.
La caída en la matrícula es uno de los principales problemas. Antes de la pandemia, los colegios privados operaban con una ocupación cercana al 90% o 95%. Hoy, ese promedio se ha reducido a alrededor del 60%. De acuerdo con Santiesteban, la proporción de estudiantes en colegios privados pasó del 68% antes de 2020 a menos del 50% en 2025.
El impacto económico del aumento del salario mínimo se siente con mayor fuerza en los colegios que atienden a estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Entre 87% y 90% de la educación privada está dirigida a estas familias, donde la inflación y la pérdida de poder adquisitivo han llevado a muchos padres a trasladar a sus hijos a colegios públicos.
El incremento en los costos operativos, incluido el pago de salarios, ha afectado especialmente a los colegios con pensiones por debajo de 1,5 millones de pesos mensuales. Según Acopricol, aproximadamente 250 colegios cerraron únicamente en 2025 por estas razones.
La disminución de la población estudiantil también contribuye a la crisis. Según el DANE, la tasa global de fecundidad en Colombia pasó de 2,1 hijos por mujer en 2015 a 1,3 en 2023, una de las caídas más rápidas de América Latina, reduciendo la demanda de educación privada.
Expertos advierten que los cierres no deben considerarse inevitables. “Cada colegio cerrado es una señal de alerta sobre un sistema que se reduce sin cambios en su modelo financiero”, dijo Santiesteban.
El panorama indica que, sin medidas de apoyo y ajustes financieros, la sostenibilidad de muchas instituciones educativas seguirá en riesgo. Esto afectaría no solo a los colegios, sino también a las familias y a miles de estudiantes que dependen de ellos para continuar su educación.
