En la actualidad se ha abierto la tendencia a que grandes empresas privadas, públicas y mixtas paguen hasta el 50% de sus impuestos de renta mediante la compensación por obras de construcción de infraestructura vial y de otra índole como educación, definidas en los planes de desarrollo nacional, departamental y local en los municipios con conflictos cobijados por el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto (ZOMAC).
Dicha tendencia se ha hecho cada vez más relevante a partir de la entrada en vigencia de la ley 1819 de 2016 de reforma tributaria y desde entonces este mecanismo se ha incrementado para la realización de obras y proyectos de interés general.
Sin embargo, dicho mecanismo no ha estado exento de prácticas arbitrarias, de la corrupción y de la evasión de los impuestos en contra del erario público.
Actualmente en el departamento del Vale del Cauca se han ejecutado 27 iniciativas con una inversión de 247 mil ciento cuarenta y cinco millones de pesos, en tanto que hasta el momento los sectores que más se han beneficiado con dicho mecanismo son los relacionados con el transporte y la educación.
No obstante las bondades que presenta la aplicación de este instrumento tributario mediante el cual se compensan obras por impuestos, particularmente en los municipios más pobres del país, lo cierto es que a través de este medio existe la posibilidad de que la compensación que se realiza entre el Estado contratista y la empresa constructora de las obras obligada a pagar sus impuestos, termine beneficiando a ésta en contra del fisco nacional o territorial, como parece estar sucediendo, en tanto no existe un control efectivo para evitar que se presente dicha eventualidad.
Por otra parte, la aplicación de dicho mecanismo termina encareciendo el costo de las obras, teniendo en cuenta el impacto causado, por ejemplo, a los predios en el área de influencia de aquellas y que son objeto de impuestos locales como el predial que se trasladan al contribuyente.
ADENDA: No compartimos la visión del precandidato presidencial Abelardo de La Espriella quien en reciente visita a Cali afirmó que “mi propósito es venirme a Cali a despachar desde aquí, a acabar con los cultivos ilícitos y derrotar la inseguridad de la región. Pero no negociando con los bandidos y haciendo que el Estado actúe con mano de hierro”. Más adelante agregó que “cuando llegue la seguridad vendrá la confianza inversionista y con los impuestos que paguen los empresarios, el gobierno podrá cerrar la brecha social”.
Las aseveraciones del precandidato hacen parte de las propuestas que en el pasado y en la actualidad han demostrado ser insuficientes para afrontar el problema de la inseguridad y la violencia tanto en Cali como en el resto del país, en tanto que las contradicciones y conflictos sociales se extienden con mayor fuerza en la sociedad, pues no existe un tratamiento integral de dichos fenómenos que vaya más allá del uso de la fuerza y del empleo de la violencia del Estado, como de los diálogos sin mayores perspectivas ni resultados tangibles que traigan como resultado la paz en los territorios y el mejoramiento en las condiciones de vida y seguridad de sus habitantes , particularmente en aquellas regiones en conflicto y de persistencia de los grupos armados ilegales que afectan sustancialmente la vida no solo de los caleños sino de los ciudadanos en general. En este caso, no solo debe tenerse en cuenta las condiciones que caracteriza nuestra realidad social, sino las experiencias vividas en otras latitudes conjuntamente con el conocimiento que nos ofrece la ciencia y las nuevas tecnologías como la mejor forma de tratar el fenómeno de la inseguridad en todas sus dimensiones y efectos perniciosos que invaden y comprometen la vida, honra y bienes de los ciudadanos.
