El 21 de agosto de 2025, Colombia fue sacudida de nuevo por sendos atentados terroristas en Amalfi , Cali y el Cauca, recordándonos la persistente amenaza de la violencia armada y el terrorismo que aún aqueja a nuestro país. Este escenario desafiante evidencia de manera dramática la urgencia de avanzar decididamente hacia una paz, una aspiración nacional que requiere no solo diálogo, sino también coherencia, estrategia y respeto irrestricto por la Constitución Política de Colombia.
Desde el inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro en 2022, se ha impulsado una política de “Paz Total” que busca negociar con todas las organizaciones armadas ilegales, disidencias de las FARC, el ELN, así como grupos narcotraficantes como el Clan del Golfo, el mayor de estos con alrededor de 4,000 combatientes activos. En lo que va del 2025, se ha oficializado la apertura o reapertura de múltiples mesas de negociación con estos grupos, en escenarios que van desde Colombia hasta el extranjero (como Catar), demostrando el alcance y complejidad de estas negociaciones. Estas múltiples negociaciones han mostrado signos evidentes de improvisación y falta de la majestuosidad que debe tener la defensa del Estado y la serenidad que exige una política de Estado.
La simultaneidad y diversidad de interlocutores armados, guerrilleros, disidentes y narcotraficantes, sin una estrategia coordinada o sin un marco jurídico-politico claro ha generado un ambiente de incertidumbre. Esta situación ha llevado a un fortalecimiento territorial en el negocio del narcotráfico y otras fuentes, de algunos grupos armados y criminales, dificultando la gobernanza estatal y la protección efectiva de las comunidades afectadas, particularmente en regiones críticas como el Cauca, ahora zona urbana como Cali, y áreas rurales como Amalfi, gravemente golpeadas por el terrorismo.
El fundamento constitucional debe primar en este escenario. La Constitución Política de Colombia establece la prevalencia del interés general y el deber del Estado de garantizar la seguridad y el orden público para proteger la vida, la integridad y los derechos de todos los ciudadanos. De acuerdo con el artículo 1, la soberanía reside en el pueblo, y su ejercicio implica la unión y la convivencia pacífica de los colombianos. Cualquier proceso de negociación debe propiciar, en primer lugar, la unión nacional sobre la división, y respetar los principios democráticos establecidos, evitando concesiones que pongan en riesgo la institucionalidad y los derechos fundamentales.
Han sido 24 ataques terroristas en el Cauca, con civiles y policías asesinados; 12 policías asesinados en Amalfi Antioquia , mediante ataque a un helicóptero destruido con un dron y los 8 ciudadanos en Cali, con 76 heridos, indica que la Paz Total ha materializado su fracaso. No proyectó una política de diálogo con una firme defensa del Estado de Derecho, por no establecer claramente condiciones de desarme verificable, convirtiéndose en un mecanismo que ha fortalecido las estructuras ilícitas.
Debe entender el gobierno , que la política de paz no trascendió la negociación con grupos armados por imperar la improvisación o la fragilidad institucional; no hubo una negociación responsable menos comprometida, que respetera el marco constitucional y fomentaar la unión de los colombianos en torno al interés superior de la paz y la justicia
La Paz total ha muerto, a 11 meses y medio para terminar el gobierno. QEPD
