Los gremios financieros y específicamente el grupo AVAL, ha querido hábilmente desligar la política de la economía. Es un debate contemporáneo sobre el papel de la economía en la política, suele afirmarse que la economía no debería ser objeto político. Sin embargo, esta visión ignora una realidad fundamental, toda decisión económica es en esencia, una decisión política, electoral e ideológica. La economía no solo define el rumbo de un país, sino que es el principal instrumento para moldear su futuro social, institucional y democrático.
La economía es el campo donde se materializan las grandes disputas sobre el modelo de país. Las políticas económicas, tributarias, fiscales, de comercio exterior y sociales no son neutras; responden a visiones ideológicas y a intereses de grupos sociales y empresariales. Elegir entre mayor o menor intervención del estado, entre incentivos a la inversión o redistribución social, entre apertura comercial o proteccionismo, es tomar partido por un proyecto de nación.
En el reciente Foro de Desarrollo Local de la OCDE en Barranquilla, la presidenta del Grupo Aval, María Lorena Gutiérrez, enfatizó la importancia de la colaboración entre el sector público y privado, para impulsar el desarrollo regional, destacando que el crecimiento económico de Colombia depende hoy de lo que hagan las regiones, ante la falta de inversión nacional. Este enfoque no es neutro, es una apuesta política por la descentralización, la autonomía regional y la alianza estratégica como motor de progreso.
La política tributaria, determina quién paga impuestos y cómo se distribuyen los recursos. Un sistema progresivo favorece la equidad social, mientras que uno regresivo perpetúa desigualdades.
La política fiscal, el gasto público prioriza sectores estratégicos como infraestructura, salud, educación o subsidios. Cada decisión implica una visión de desarrollo y prioridades políticas.
Comercio exterior, abrirse al mundo o proteger la industria local responde a intereses sectoriales y visiones ideológicas sobre el papel del país en la economía global.
La política social, los programas de inclusión, crédito a microempresas y apoyo a mujeres emprendedoras, como los impulsados por Grupo Aval, son apuestas por un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible.
El debate sobre la reforma laboral del gobierno Petro ilustra cómo la economía es política. Las medidas que buscan dignificar el empleo y aumentar los costos laborales para las empresas pequeñas y medianas generan tensiones entre la protección social y la sostenibilidad empresarial. La advertencia de María Lorena Gutiérrez es clara: si no se apoya a las micro y pequeñas empresas, la reforma puede llevar a la informalidad y a la destrucción de empleo formal, afectando la base productiva del país.
Las alianzas público-privadas son un ejemplo concreto de cómo la economía se convierte en política. No solo permiten financiar infraestructura y servicios, sino que también definen el modelo de gestión y el rol del Estado y el sector privado en el desarrollo nacional. Apostar por las alianzas público-privadas es una decisión política que implica confianza, reglas claras y visión de largo plazo.
Para empresarios, gremios, congresistas y especialmente a los candidatos presidenciales, el mensaje es contundente, la economía es el terreno donde se disputa el poder, se construye la legitimidad y se define el rumbo social. Participar activamente en el diseño de políticas económicas es ejercer ciudadanía y liderazgo. No basta con pedir neutralidad técnica; es indispensable asumir posiciones y contribuir al debate público con propuestas que reflejen los valores y prioridades del sector productivo.
Con la economía se hace política. Cada decisión económica es una declaración de principios, una apuesta electoral y una definición ideológica. Ignorar esta realidad es renunciar a influir en el futuro del país.
Arrancó la campaña presidencial, luego la invitación es a participar, proponer y construir, desde la economía, el proyecto de nación que Colombia necesita.
