De acuerdo con la Constitución Política, es deber de todo ciudadano de contribuir con el financiamiento de los gastos e inversiones que realiza el Estado en el marco de los principios de equidad, eficiencia y progresividad, a propósito de que para esta fecha límite de los meses de agosto y septiembre deben presentarse las declaraciones de renta para el pago de los impuestos de renta, patrimonio y de utilidades correspondientes al año gravable del 2024
Según informes de la DIAN para este año están obligados a cumplir con sus deberes tributaros 6.7 millones de ciudadanos, en tanto que 400.000 tendrán que hacerlo por primera vez.
En términos generales se puede decir que, aunque el año pasado más de seis millones de personas declararon renta con un recaudo de veintidós billones de pesos que según se dice, no alcanzó para cubrir las necesidades del Estado, existe la tendencia a reducir los impuestos al gran capital al que se le concede toda clase de beneficios tributarios mediante exenciones, deducciones y subsidios, en tanto que se extiende la base gravable a todos aquellos contribuyentes que viven del trabajo asalariado o la informalidad y de pequeños y medianos propietarios que deben pagar altos impuestos por sus pequeños y medianos capitales.
Por otra parte, cada vez más se incrementan los impuestos indirectos que como el IVA, gravan en igual proporción a ricos y pobres que adquieren bienes y servicios en el mercado, incluyendo aquellos que integran la canasta familiar, vulnerándose así, los principios mencionados.
A esto se suma la presentación al congreso de un presupuesto desfinanciado para la vigencia fiscal del 2026 por más de 26 billones de pesos, unido a una onerosa reforma tributaria, que en ambos casos corre el riesgo de no ser aprobada en el Congreso, quedando en manos del ejecutivo su aprobación por decreto.
Otra característica de nuestro sistema tributario se refleja en el crecimiento desbordado del gasto de funcionamiento del Estado con el aumento de la burocracia y la contratación oficial, además del incremento de la deuda pública con el pago de altos intereses, lo cual equivale a un porcentaje que sobrepasa la mitad del valor del presupuesto nacional, generándose con ello un gran déficit que afecta fundamentalmente las inversiones y el gasto social en educación, salud, bienestar ambiental, agua potable, etc.
En tales condiciones, por más que se aumenten los impuestos, el recaudo no alcanza para atender las necesidades y urgencias que demanda el país en materia de inversión productiva como base esencial para impulsar el crecimiento y desarrollo de la sociedad, circunstancia esta que impide en la práctica realizar cualquier cambio en asuntos económicos, políticos y sociales.
