Radicado formalmente el proyecto de presupuesto nacional para el próximo año 2026 aforado en $556,9 billones, el gobierno insiste de nuevo en repetir la historia del déficit fiscal, esta vez, apelando a la “cláusula de escape” que le permite romper la regla fiscal y no obstante los fracasos del pasado amarrados al creciente gasto de funcionamiento. Pretende el gobierno nacional, presentar y a una nueva ley de financiamiento de carácter tributario, con la cual se espera recaudar más de 19 billones y que según el gobierno podría cubrir el déficit fiscal, pero que de acuerdo con los analistas, será superior al que se tiene en la actual vigencia fiscal y pese a que desde diferentes sectores económicos se viene recomendando la necesidad de reducir el gasto público e implementar una férrea disciplina fiscal.
De acuerdo con algunas cifras se calcula que entre el 2022 y el 2026 el presupuesto nacional crecerá cerca de 110 billones de pesos de todo lo cual el 90% corresponde a gastos de funcionamiento, particularmente relacionados con el aumento de la nómina en cuando a salarios y prestaciones sociales.
El ministro de Hacienda ha manifestado que en relación con este rubro se pasaría de $253.9 billones a $353 billones, superando de esta manera el producto interno bruto PIB de la nación; entretanto, la inversión disminuye al pasar de $19.8% en el 2022 a $15.3% en el 2025, circunstancia esta que podrá agravarse aún más en la medida en que los ingresos del Estado no crezcan al mismo ritmo de los gastos, generándose con ello una situación de déficit fiscal estructural, que no podrá superarse simplemente aumentando los impuestos, tasas y contribuciones a los ciudadanos, que por lo demás no ven retribuidos sus esfuerzos tributarios con el mejoramiento de los servicios a cargo del Estado.
Desde el ministerio de Hacienda se reconoce que el gasto total estimado para el 2026 será aproximadamente de 24 billones de pesos, en tanto, el ingreso no superará el 1%, lo cual estará muy por debajo del incremento del gasto total.
En caso de que se repita la historia con el hundimiento del nuevo proyecto del presupuesto y de la ley de financiamiento, el legado del gobierno de turno al nuevo mandatario elegido para el próximo cuatrienio no será el mejor, al paso que para ese momento será mayor la deuda pública y el gobierno entrante se verá obligado a reducir aún más la inversión, afectándose con ello el crecimiento y desarrollo de la economía.
Así las cosas, el presupuesto para el 2026 de suyo será deficitario y desfinanciado con lo cual será muy difícil orientar el destino de la vida económica y financiera del país y mucho menos solventar las necesidades del pueblo colombiano desde el punto de vista del mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, como tampoco a desarrollar la economía nacional, la educación, la salud, la seguridad, el empleo, conforme los planes de desarrollo nacional. Pues no es el asistencialismo disfrazado de subsidios mensuales a los estratos 1 y 2 lo que sacará de la pobreza a los millones de colombianos, tales políticas no son sostenibles en el tiempo.
Paradójicamente se continuarán utilizando los pocos recursos del presupuesto para satisfacer los intereses de los grandes monopolios y con ello fortalecer la explotación económica del trabajo; además de incrementar los impuestos como fuente principal de financiación del aparato estatal.
