La situación fiscal de Colombia y Cali evidencia una crisis estructural que amenaza la estabilidad económica y la confianza institucional. Tanto el gobierno nacional como la administración local enfrentan marcos fiscales insostenibles, caracterizados por déficits crecientes, subestimación de pasivos y falta de transparencia en la gestión de recursos. Este escenario exige una intervención urgente de los órganos de control legislativo, ante la inoperancia de las contralorías, para evitar un colapso fiscal con repercusiones sociales irreversibles.
Crisis fiscal nacional: entre la suspensión de reglas y la dependencia petrolera
El gobierno de Gustavo Petro activó la cláusula de escape de la regla fiscal el 9 de junio de 2025, permitiendo incumplir los límites de déficit por tres años. Esta decisión, criticada por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), podría elevar el déficit a 7.4% del PIB en 2025, duplicando el promedio prepandémico (3.7%). La medida se toma con un precio del petróleo Brent cayó a $69.36 por barril, reduciendo ingresos que representan el 50% de las exportaciones colombianas.
La nación: Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025: Utiliza maniobras contables para ocultar obligaciones, como evidenció el uso de transacciones de única vez en 2024
Cali: un marco fiscal heredado y una deuda oculta. La administración de Alejandro Eder perpetuó los problemas estructurales del MFMP 2025-2035 heredado de Jorge Iván Ospina y Armitage;
Subestimación de pasivos: Omite $900 mil millones en obligaciones por megaobras no ejecutadas y deudas de valorización (Acuerdos 241/2008 y 297/2010)
Deuda impagable: La suma de deuda bancaria de capital ($1.05 billones), intereses ( $1.0 billon ) , pasivos contingentes y valorización supera $3.3 billones, equivalentes al 58% del presupuesto anual de la ciudad
Paralelismos peligrosos: nacional vs. local
La comparativa revela patrones comunes de gestión fiscal riesgosa:
Ambas entidades recurren a estrategias cortoplacistas: el gobierno nacional relaja normas, mientras Cali reestructura deuda sin abordar su origen. Esto genera un efecto dominó, sobreendeudamiento e incapacidad de pago de sus obligaciones
Fallas de control y rutas de solución
La inacción de las contralorías nacional y de Cali exige que Congreso y Concejo asuman roles activos, porque las administraciones entrantes, en 1 año la nación y en 2 años la alcaldia, encontraran ésta problemática de tener marcos fiscales inviables y en consecuencia, no tener como pagar sus obligaciones.
Urgen medidas como:
- Auditorías técnicas independientes para cuantificar pasivos reales
- Leyes de transparencia fiscal que obliguen a reportar deudas contingentes
- Reformas institucionales que desvinculen las contralorías del ciclo político
En lo social, el deterioro fiscal nacional podría reducir en 1.2% el crecimiento potencial según el Banco de la República, afectando programas contra la pobreza (actualmente en 31.7%). En Cali, la presión por cumplir con el servicio de deuda ya limita inversión en seguridad y educación, sectores que representan el 40% del gasto social.
La salida requiere sinceramiento de cuentas con participación ciudadana, mediante:
- Mesas técnicas con gremios económicos y academia
- Plataformas digitales de rendición de cuentas en tiempo real
- Mecanismos constitucionales para bloquear gasto no financiado
El caso colombiano demuestra que la sostenibilidad fiscal no es solo técnica sino política. Sin una reforma integral que vincule presupuestos a resultados sociales y mecanismos anticíclicos reales, tanto Cali como la nación seguirán oscilando entre crisis evitables y ajustes traumáticos. El MFMP 2025 debe convertirse en hoja de ruta para esta transformación, no en otro documento de buenas intenciones.
Como el Congreso y el Concejo de Cali, ni las Contralorias, Procuradurias, etc , no van a evidenciar el colapso fiscal, porque “viven” del mismo presupuesto, toca judicialmente.
