Dicho control es parte de la participación de los ciudadanos en los asuntos de la administración al tenor de lo dispuesto en la Constitución y en las leyes, lo cual no puede reducirse a la simple comunicación de las decisiones que se toman por parte de las autoridades, que por lo demás están obligadas a garantizar la participación de los ciudadanos en todos aquellos asuntos de interés general.
Entre tanto, el manejo de la labor administrativa se hace cada vez más compleja, lo que implica la necesidad de capacitar a los ciudadanos en el control de los asuntos públicos, proporcionándoles los conocimientos que demanda dicha función en cuanto a la aplicación eficiente de los recursos distritales que se invierten, por ejemplo, en la construcción de las obras, en donde se gastan ingentes recursos del presupuesto distrital.
Este asunto es sin duda alguna una condición fundamental para garantizar la participación de los ciudadanos en el control de los planes y proyectos que en la actualidad no permite realizar un control y vigilancia acorde con los objetivos y fines que se proponen en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.
En todo caso, se trata de que la aplicación de los recursos públicos no se despilfarre y que en general se optimice el funcionamiento del aparato administrativo con el fin de obtener resultados positivos en menor tiempo y con menos gasto de los dineros públicos.
Desde la secretaría de Hacienda distrital se informa que “la comisión de presupuesto del concejo abrió el estudio del proyecto de acuerdo mediante el cual se hace una adición presupuestal de la segunda opción de crédito público que hemos celebrado en el marco de la puesta estratégica mas importante del alcalde de Cali” y “se ha logrado conseguir unas muy buenas condiciones para la deuda, pues esta operación de crédito puede ser pagada en un plazo de 12 años y un período de gracia de tres años” con el cual se ejecutarán varias obras, algunas de las cuales, no obstante tener cierta importancia, no tienen un carácter prioritario ni están encaminadas a resolver varios de los problemas que aquejan a los caleños, particularmente relacionados con sus necesidades más inmediatas y urgentes atinentes a los problemas generados con la informalidad, el desempleo, la sostenibilidad alimentaria, el problema de las invasiones, la inseguridad, etc.
Todo esto hará que la ciudad quede endeudada con el sector financiero, siendo esta una constante de administraciones pasadas, mientras se incrementan los problemas sociales y de todo orden, los cuales tienden a rebasar las posibilidades de solución en el corto y mediano plazo en donde el bienestar social y de prosperidad general, no dejan de ser más que una quimera por cuenta de una clase dirigente incapaz e indolente que utiliza los recursos públicos sin mayores limitaciones, vulnerando las reglas relativas a la eficiencia, la economía y la moral pública tal como lo establecen la Constitución y las leyes de la República.
Desde la Veeduría insistimos en la necesidad imperiosa de contar con un control ciudadano de los recursos públicos como parte esencial de la denominada democracia participativa en la lucha contra el despilfarro de los recursos públicos, los sobrecostos de las obras y la corrupción que resulta con la contratación oficial a partir de las alianzas público privadas con las cuales se saltan todos los controles bajo la apariencia de legalidad que revisten las licitaciones acordadas con determinados contratistas, además de la contratación directa que se realiza desde las alturas del poder.
Lo que está en juego es un crédito por casi un billón de pesos de los 3.5 billones de pesos que el concejo distrital aprobó sin mayores estudios y consideraciones sobre los objetivos y fines de la construcción de obras que dejarán endeudada a la ciudad y a los caleños por varios años, corriendo el riesgo de que desde lo económico y financiero termine duplicándose el valor del empréstito que tendrán que pagar los caleños con mayores impuestos, tasas y contribuciones.
