El Pacto Histórico no acepta la ponencia mayoritaria de la reforma laboral que será presentada el próximo lunes 26 de mayo en la Comisión Cuarta del Senado, y anunció que radicará su propio proyecto alternativo. Esta decisión evidencia una fractura dentro del bloque oficialista, pues aunque la ponencia mayoritaria cuenta con el respaldo de 14 de los 15 senadores de la Comisión, la bancada del Pacto Histórico, a través de la senadora Aída Avella, manifestó desacuerdos profundos con varios artículos del texto acordado.
La bancada oficialista denunció que la propuesta mayoritaria implica graves retrocesos en derechos laborales clave. Entre los puntos más criticados está la exclusión de los trabajadores de micro y pequeñas empresas del nuevo régimen de jornada nocturna y del aumento progresivo del recargo dominical, lo que afecta directamente a cerca del 40% de la clase trabajadora formal. Según la representante María Fernanda Carrascal, esta medida representa un retroceso significativo en la protección laboral.
Otro aspecto cuestionado es la eliminación del artículo que ampliaba en dos semanas la licencia de paternidad, lo que, según el Pacto Histórico, bloquea la corresponsabilidad en el cuidado infantil y contradice el discurso oficial sobre defensa de los derechos de las mujeres. Además, la ponencia mayoritaria suprime medidas para la formalización de transportadores de carga y pasajeros, un sector históricamente informalizado, y anula la “laboralidad” del contrato de aprendizaje, afectando a más de 400 mil jóvenes que pierden una puerta de entrada digna y formal al mercado laboral.
La senadora Avella, quien se apartó del acuerdo mayoritario, argumentó que la ponencia alternativa que presentará está más alineada con la reforma original del Gobierno del presidente Gustavo Petro y busca evitar que la reforma se convierta en un “desastre para la clase trabajadora”. La controversia también incluye la posible eliminación del artículo que permitía el contrato sindical y ajustes en la remuneración de horas extras, que en la ponencia mayoritaria se pagarían desde las 7:00 p.m., con recargos diferenciados para sectores como las MiPymes, lo que genera preocupación sobre la sostenibilidad y equidad del proyecto.
La presidenta de la Comisión Cuarta, Angélica Lozano, ha liderado la revisión final del articulado, pero enfrenta críticas internas, incluso acusaciones de la bancada oficialista que la señalan de aliarse con sectores opuestos al programa del Gobierno para presentar una ponencia que se burla de la clase trabajadora.
El debate formal de la reforma laboral comenzará el martes 27 de mayo, tras la radicación de ambas ponencias el lunes 26. El proyecto, que supera las 100 páginas, representa la apuesta más ambiciosa del Ejecutivo en materia de trabajo decente, formalización y regulación de nuevas formas de empleo. Sin embargo, la división interna y las tensiones ideológicas dentro del oficialismo complican su trámite, que debe culminar antes del 20 de junio para evitar su hundimiento definitivo.
Se presentará una alternativa que preserve las garantías para los trabajadores, especialmente para los sectores más vulnerables como las MiPymes, los jóvenes aprendices y los trabajadores informales. Esta situación pone en evidencia la complejidad y el problema político que enfrenta la reforma laboral en Colombia.
