Una de las primeras decisiones del nuevo ministro de Hacienda, Germán Ávila, fue la publicación de un decreto para adelantar el pago de impuestos de 2026, lo que afectará los recursos del próximo presidente.
La necesidad de dinero se debe a varios factores:
- Un presupuesto desfinanciado
- La resistencia del Congreso a aprobar una reforma tributaria
- Ingreso de la Dian por debajo de lo esperado.
- A esto se suman los rezagos presupuestales, que alcanzan un costo récord de 61 billones de pesos en 2025, equivalente a tres veces el costo del Metro de Bogotá. Estos rezagos son facturas sin pagar del año anterior que no estaban contempladas en el presupuesto.
Desde enero de 2025, el gobierno ha pagado el 60% de estos rezagos, lo que ha reducido drásticamente los recursos disponibles para el presupuesto actual. Aunque recortar gastos podría ser una solución, Petro se opone a esta medida, lo que llevó al despido del anterior ministro. La situación agrava una crisis fiscal que podría dejar un legado problemático para su sucesor.
La ejecución del gasto público sigue cuatro pasos:
- Aprobación del presupuesto
- Firma de contratos
- Obtención del bien o servicio y
Si no se gasta el dinero y no hay un compromiso firmado, no hay problema; eso se llama subejecución. Sin embargo, si ya se firmó un contrato y no se paga, se convierte en un rezago presupuestal que debe liquidarse al año siguiente. Este rezago representa el 12% del presupuesto de 2025 y no está contemplado en él.
Históricamente, siempre hay rezagos presupuestales, pero los actuales son los más altos en un siglo, duplicando los del año anterior.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) advirtió sobre el aumento en la reserva presupuestal que genera riesgos fiscales.
El director de Presupuesto del MinHacienda atribuye estos rezagos a problemas de caja en 2024 y sugiere recortes adicionales para aliviar la presión financiera. Entre enero y febrero de 2025, el gobierno gastó $42 billones principalmente para cubrir rezagos en lugar de invertir en nuevos proyectos.
Priorizar el pago de rezagos ha elevado el déficit fiscal a niveles históricos: $17 billones en febrero y $12 billones en enero. Esta estrategia es favorable para los acreedores pero perjudica otros proyectos presupuestarios.
El pago de rezagos compite por recursos con el presupuesto actual y no ha sido acompañado por un aumento en ingresos, lo que ha incrementado la deuda. La baja ejecución del gasto programado es evidente; por ejemplo, solo se ha pagado un 2% en inversión frente al promedio habitual del 5%.
Además, priorizar los rezagos implica descuidar las obligaciones actuales. En febrero, la diferencia entre contratos firmados y pagos fue de $56 billones, muy por encima de los $37 billones en 2024. Aunque es normal tener cuentas por pagar durante el año, las cifras actuales superan el promedio histórico.
Sin ajustes estructurales, la acumulación de rezagos podría volverse recurrente, creando un ciclo donde cada vez más pagos se trasladan al siguiente periodo. Esto limita la capacidad futura de los gobiernos para financiar sus propios planes debido a las obligaciones previas.
El gobierno enfrenta una crisis fiscal profunda exacerbada por rezagos presupuestales sin precedentes. La gestión financiera bajo Germán Ávila es fundamental para evitar que esta situación comprometa aún más las finanzas públicas y afecte la credibilidad del gobierno ante futuros compromisos económicos.
