En Cali en la colonia se impusieron controles para el acceso de la población a los bienes comunes. Desde ese momento, los representantes de la Corona española fueron instaurando normas para que un sector de la población pudiera acceder al agua, que desde los inicios de la colonización se tomó cruda del río Cali. Los historiadores han registrado el oficio de las “aguadoras”, como el de aquellas mujeres que recogían el agua del río en vasijas de barro para llevarla en sus cabezas hasta las viviendas de los primeros colonos.
Posteriormente, en el villorrio de Cali se construyó una acequia por la que se transportaba el líquido vital. En los domicilios podían acceder los privilegiados que pagaban el tributo de las pajas de agua. Después, se instalaron pilas en las calles del sector El Empedrado, mientras se ha documentado que en el Vallano hubo reclamos de la población ante el cabildo para la instalación de las mismas.
Los antecedentes coloniales de Cali dan cuenta de notables desigualdades sociales en el acceso al agua cruda, luego el proceso de potabilización se desarrolló hace menos de un siglo. Fue en 1930 cuando se inauguró la primera planta de tratamiento de agua potable de San Antonio, que capta el agua del río Cali a unos metros del restaurante de la Hacienda del Bosque. Es precisamente durante esa década y las siguientes cuando se comenzó el proceso de industrialización y de crecimiento exponencial de la población, lo que demandó mayores cantidades de agua potable para los residentes que forjaron el crecimiento urbano de la ciudad. Este proceso no estuvo exento de crisis y sublevaciones de la población, que demandó mayor cobertura, calidad y continuidad en los servicios públicos hasta sus domicilios.
Casi cinco siglos después, en Cali aún se mantienen las desigualdades sociales en el acceso al agua potable, que es fundamental para garantizar la vida digna. Si bien la cobertura del servicio de acueducto asciende a niveles del 99 % en el área urbana, no es menos cierto que en el área rural el saneamiento básico tiene un escaso nivel de cobertura del 24 %. Esta información oficial de la cobertura en la urbe invisibiliza el drama social de la población que se encuentra desconectada de los servicios públicos domiciliarios. Son personas que, por restricciones económicas, no pueden pagar sus consumos facturados o que sobreviven en viviendas declaradas institucionalmente como asentamientos ilegales.
Los desconectados son la población que puede llevar meses o años en sus viviendas sin el acceso legal al agua potable, escondidos por vergüenza, y solo existen como un número más de la cartera de EMCALI EICE ESP. También integran este grupo social invisibilizado las personas que habitan en alguno de los asentamientos humanos ilegales de la ciudad. En ese caso, para la empresa pública son registrados como pérdidas. Aunque la Corte Constitucional, en su jurisprudencia, ha ordenado al Estado garantizar el acceso al agua potable para proteger la vida, la dignidad y la salud, lo cierto es que el modelo privatizador de los servicios públicos domiciliarios propicia que los desconectados del presente, al igual que los excluidos de la colonia, sigan sin poder acceder al líquido vital. De continuar la indolencia por parte del Distrito, esta problemática seguirá profundizando la desigualdad social en la ciudad.
