La crisis institucional que se vive en el país viene gestándose de tiempo atrás como consecuencia de las contradicciones y conflictos de carácter político y social que han traído como consecuencia un deterioro de las instituciones que integran el Estado colombiano.
Y de ahí que la crisis no pueda concebirse como un hecho casual ni tampoco como un asunto personal del presidente Petro que de nuevo ha convocado al pueblo en general a defender las políticas progresistas y a su gobierno del cambio social frente a las pretensiones de los sectores de oposición que según el mandatario pretenden dar un golpe de Estado para sacarlo del poder.
Entretanto se agravaron las relaciones entre el fiscal Barbosa y el presidente Petro quien señala a dicho funcionario de estimular el golpe de Estado. Por otra parte, la Procuraduría General de la Nación toma la decisión de suspender por tres meses al ministro de relaciones exteriores a raíz de una investigación adelantada por dicha institución en el caso de una licitación para los pasaportes. Simultáneamente la Fiscalía adelanta una investigación contra FECODE por cuenta de una donación realizada en favor de la campaña electoral del entonces candidato Petro a la presidencia de la República.
Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia dilata en el tiempo la escogencia de la nueva fiscal general ante el vencimiento del período del fiscal Barbosa y no obstante que el presidente Petro envió la terna hace tres meses para que se procediera a la elección de la fiscal.
La profunda crisis institucional por la que atraviesan las instituciones del Estado colombiano se ha profundizado en medio de una creciente polarización y desconfianza entre los diferentes funcionarios del Estado, que actúan en muchos casos al margen de las normas jurídicas poniendo en riesgo la legitimidad y legalidad de sus actuaciones, que lindan con el abuso o la extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
Sin duda alguna, la concentración y centralización del poder en cabeza del presidente quien es el jefe del Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa, lo convierte en una especie de “monarca constitucional”, que entra en contradicción con las demás ramas del poder público fundamentadas en el principio de la división de poderes, que por lo demás se ha desnaturalizado y perdido su carácter institucional permitiéndose con ello que se imponga el poder único del gobernante de turno, que en las condiciones de nuestra sociedad se encuentra al servicio de los grupos de interés, partidos y movimientos políticos y sociales que hacen parte de la coalición de gobierno.
La crisis institucional hace parte además de la crisis general en la cual se encuentra sumergida la clase dirigente del país que no está en condiciones de dirigir el Estado ni a la sociedad sin tener que acudir a ciertos métodos arbitrarios que dejan al descubierto su actitud autoritaria frente a los ciudadanos que ya no creen en las instituciones, que como el congreso, perdió su carácter representativo y democrático y la justicia se convirtió en una institución al servicio de los grandes intereses económicos, políticos y sociales, en tanto los órganos de control son utilizados para cumplir con determinadas funciones en la lucha competitiva por el poder.
En la medida en que se profundiza la crisis y se acrecienta el poder del presidente y aumenta la polarización, se abre paso la tendencia a no utilizar las formas y métodos democráticos para resolver los asuntos del Estado y de la sociedad, en lo que puede calificarse como una manera de negar la propia democracia liberal y el Estado Social de Derecho y con ello la institucionalidad ligada a su vez a la crisis general del capitalismo de nuestro tiempo, que más temprano que tarde tendrá que ser sustituido por un nuevo sistema social, más justo y equitativo y con un Estado que no discrimine a los ciudadanos por su condición económica y social y sus instituciones estén al servicio de los ciudadanos, del interés general y del bienestar social.
