Colombia proyecta bajo crecimiento, alto déficit y retos estructurales.
A septiembre de 2025, la economía colombiana combina señales de recuperación parcial con riesgos estructurales profundos. El país muestra un crecimiento moderado cercano al 1,5 % anual, insuficiente para reducir el desempleo ni mejorar el bienestar social. Aunque la inflación ha cedido tras los picos de 2022 y 2023, ubicándose cerca del 5 %, todavía está por encima del rango meta del Banco de la República (3% ± 1), lo que mantiene presiones sobre el costo de vida y el poder adquisitivo de los hogares.
El mercado laboral continúa siendo un punto débil, la tasa de desempleo ronda el 10 %, con informalidad superior al 55 %. Y esto es lo grave del tercermundismo colombiano, que no tocó el gobierno Petro, que no permite proyectarse a una economía en desarrollo. La recuperación del empleo formal avanza lentamente, afectada por el bajo dinamismo empresarial, la incertidumbre regulatoria y la caída en la inversión privada. A nivel social, la pobreza monetaria sigue afectando a más del 36 % de la población, y la pobreza extrema a cerca del 13 %, cifras que evidencian la fragilidad del tejido social y el limitado impacto de las políticas redistributivas.
En el frente fiscal, el panorama es aún más preocupante. El déficit fiscal supera el 6,5 % del PIB y la deuda pública se mantiene alrededor del 63 % del PIB, lo que reduce el espacio fiscal para la inversión social y productiva. El gasto público sigue creciendo impulsado por subsidios, transferencias y programas sociales, mientras los ingresos tributarios no alcanzan para financiar un Estado cada vez más robusto y costoso. Esta brecha estructural genera presión sobre la calificación crediticia y aumenta la vulnerabilidad ante choques externos.
El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, lanzó en el congreso de Confecamaras, una advertencia que resume la preocupación de los analistas: “El crecimiento económico actual no es sostenible a largo plazo. La sostenibilidad no depende exclusivamente de la política monetaria ni de la reducción de las tasas de interés”. Villar subrayó que el país necesita un ajuste macroeconómico de fondo, capaz de contener el déficit, mejorar la eficiencia del gasto y reactivar la inversión productiva.
La política monetaria ha cumplido su parte, el banco central ha reducido gradualmente las tasas de interés desde sus máximos de 2023, buscando estimular el crédito y la inversión. Sin embargo, como señala Villar, el impacto de estas medidas será limitado si no se acompañan de reformas estructurales que mejoren la competitividad, simplifiquen el sistema tributario y fortalezcan la confianza empresarial.
La sostenibilidad social exige políticas activas de empleo, educación y productividad que integren a la población vulnerable en la economía formal. Sin un crecimiento inclusivo y sostenido, el país corre el riesgo de caer en una trampa de bajo crecimiento, alta desigualdad y desequilibrio fiscal permanente.
Colombia inicia octubre de 2025 ante una encrucijada o toma decisiones estructurales que corrijan sus desequilibrios macroeconómicos y sociales, o enfrentará años de estancamiento con profundas consecuencias para su desarrollo. El llamado de Villar no es solo una advertencia técnica, es un recordatorio de que el tiempo para los ajustes se agota.
El gobierno tiene ventana corta (meses) para demostrar resultados macro y sociales tangibles antes de dos momentos electorales que pueden redibujar la correlación de fuerzas legislativa y ejecutiva. Sin acciones creíbles (fiscales, institucionales, de seguridad y comunicación) el riesgo es entrar a 2026 con:
- Legislatura más hostil que bloquee reformas.
- Narrativa de estancamiento económico que erosione apoyo.
- Mayor volatilidad en mercados (tipo de cambio, tasas) y pérdida de margen fiscal.
El escenario probable, es que el gobierno saca medidas parciales (presupuesto, reorientación del gasto, programas sociales focalizados, anuncios de inversión pública), la economía modera la caída del empleo y la inflación va bajando muy gradualmente; la campaña electoral se polariza. Y faltan de acuerdos, shocks externos (peor dinámica de capitales o conflicto regional), y señales fiscales débiles; no hay tributaria, la oposición capitaliza descontento, Petro llega a las elecciones con alta desaprobación y la coalición pierde definitivamente el congreso.
