Una de las críticas que le hacen al gobierno del presidente Gustavo Petro tiene que ver con el manejo que se les da a las finanzas públicas, especialmente relacionadas con el rezago presupuestal que viene del 2024 y que muestra una baja ejecución presupuestal trayendo consigo el incumplimiento de una serie de contratos, pagos a terceros y deudas contraídas por el Estado con varias entidades, además de la deuda heredada proveniente de administraciones anteriores, además de la deuda pública interne y externa, generándose con ello toda clase de dificultades financieras
Según algunos analistas, el rezago presupuestal que dejó el año 2024 asciende a una suma cercana a los 64 billones de pesos que afectan la disponibilidad de caja para la vigencia presupuestal del 2025
Lo anterior obedece en lo fundamental a que se produjo una reducción sustancial de los ingresos que percibe el Estado, que a su vez trajo como consecuencia la reducción del gasto total que de alguna manera permitió que el gobierno pudiera cumplir con la regla fiscal durante el año pasado.
Se considera que para este año 2025, la ejecución presupuestal sea más crítica particularmente en materia de inversión, debilitándose aún más la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales en materia de la prestación de bienes y servicios públicos y de nuevos programas sociales.
Por supuesto que la solución al manejo de las finanzas públicas no se debe simplemente a la falta de planeación y de programación ajustada a la realidad como así lo consideran algunos analistas. Tampoco basta con ejercer un mayor control y transparencia en su manejo, en tanto crece de manera acelerada el gasto en materia de sostenimiento del aparato estatal y de la ya desbordada deuda pública, paralelamente con el crecimiento de la contratación oficial, característica del modelo de “Estado contratista” con el cual se despilfarran los recursos públicos mediante la práctica de las denominadas “licitaciones sastre” es decir, a la medida de un participante o de la contratación directa o “a dedo” que se hace por parte de los funcionarios públicos pertenecientes a las diferentes dependencias del Estado.
Igualmente, la evasión y la elusión se traducen en una forma ilegal y fraudulenta de evadir el pago de los impuestos por parte de diversos sectores económicos y sociales que conjuntamente con el otorgamiento de beneficios tributarios al gran capital, hacen que se reduzcan los ingresos del Estado y aumenten sus gastos.
La situación que se vive en torno al manejo presupuestal y fiscal será más crítica para el año 2025 debido a los recortes a varias partidas del presupuesto (aplazamiento según el ministro de Hacienda) y, que para algunos analistas de FEDESARROLLO lo estiman en 40 billones de pesos, con lo cual se tendrán que aplazar varios de los compromisos adquiridos por el gobierno, complicándose aún más este asunto en la medida en que se aproxima la campaña electoral y el Estado debe disponer de los recursos necesarios para garantizar el ejercicio y desarrollo transparente del debate electoral a lo largo y ancho del país, lo que conlleva a asegurar un manejo eficiente y responsable de las finanzas públicas.
Entretanto, el gobierno anuncia que presentará una nueva reforma tributaria para sacar al país de la crisis financiera que se presenta, la cual ha suscitado la crítica de diversos sectores económicos, políticos y sociales, que entienden en general que las reformas aprobadas en el inmediato pasado no solo no resolvieron los problemas presupuestales y fiscales sino que además no cumplen a cabalidad con los principios constitucionales de equidad, justicia tributaria y progresividad; en tanto sí benefician al gran capital al que le reducen las tarifas de los impuestos de renta y de patrimonio, se les otorgan subsidios y toda clase de prebendas arancelarias, etc. Esto se repite con el argumento falaz de que por este camino se estimula la creación de nuevos empleos y, se incrementa la inversión de capitales al país; lo que circunstancialmente es cierto en dependencia de la competencia que se libra en el mercado laboral, agravada en sumo grado con la presencia de grandes monopolios nacionales y extranjeros, dispuestos a desatar toda una guerra comercial para apropiarse de las riquezas naturales y de las ganancias obtenidas con base en la explotación económica del trabajo, conjuntamente con la implementación de nuevas tecnologías, que en fin de cuentas contribuyen a incrementar el desempleo y la informalidad y no como se afirma a promover nuevos empleos estables y duraderos.
La idea de proponer nuevos impuestos aprovechando la declaratoria de conmoción interior para conjurar la situación en la región del Catatumbo, no deja de ser más que un sofisma de distracción para imponer nuevas cargas tributarias que luego las convierten en permanentes, tal como sucedió en el pasado con el denominado impuesto del 3 por mil que terminó convertido en permanente. Con la aprobación de nuevos impuestos lo que se busca es recuperar los 12 billones de pesos que fueron recortados del presupuesto expedido por decreto presidencial para atender el gasto que requiere el Estado al igual que la contratación oficial, la creciente burocracia y el apoyo que requiere el gobierno actual para reproducirse en el poder del Estado, más allá de lo cual serán los ciudadanos quienes a través del alza de los precios de los productos, bienes y servicios, paguen el aumento de los impuestos, beneficiando parcialmente a unos pocos y en cambio afectando a la mayoría de personas pertenecientes a los sectores medios y populares de la sociedad.
