Esta semana la Corte Constitucional actuando en derecho tumbó una norma absurda que atacaba derechos fundamentales como la libre competencia y la libre escogencia de los consumidores de licores amparados en el monopolio rentístico, es decir una norma anti – libertaria.
De las 4 licoreras oficiales grandes que sobreviven, dos, la FLA y Licorera de Caldas diversificaron sus ventas a lo largo del territorio nacional; sin embargo, las otras no han sido capaces de abrirse a otros mercados, aún a pesar de la advertencia que la propia ley 1816 de 2016 introdujo en la salvaguarda por 6 años de la segura y pronta apertura de fronteras.
En el año 2023, según cifras de ACIL, las Licoreras oficiales alcanzaron su más alto techo en ventas de licores (Ron, Aguardiente), sumando 133 millones de botellas, pero inexplicablemente en un año perdieron ventas por 22 millones de botellas en el 2024 comparado con 2023, presentando una caída del 20%, que representa en pesos pérdida de más de 1 billón de pesos.
El negocio de las 7 licoreras en el 2024, representó ingresos en promedio de $ 6 billones, tomando como referencia un precio promedio al consumidor de $ 45.000 por botella; de ese total, a los Departamentos por Participación (impuestos) les correspondió $ 1.5 billones vía directa y $ 300.000 millones vía utilidad para un total de 1.8 billones.
Con aritméticas simples a las licoreras para gastos administrativos y de ventas, les quedó un saldo de $ 4.2 billones. Las Licoreras oficiales destinan el 30% de sus ingresos a su objeto social que, son las transferencias de recursos para la salud, educación y deportes y el 70% para gastos administrativos y de ventas.
Hace 15 años, los ingresos transferidos a los Departamentos por las licoreras correspondían entre el 40 y 45% del total de los ingresos recibidos por los entes descentralizados, es decir, en poco tiempo se ha perdido el 15% y son recursos que no han ido a aumentar los recursos propios, sino a gastos de comercialización y ventas.
Ahora bien, los ingresos propios de las licoreras oficiales rondan el mismo 30% del total de los recursos pagados por los consumidores, de ese 30% el 10% lo destinan a mercadeo y ventas, hecho que consolida un porcentaje del 50% de los ingresos que los consumidores pagan por licores oficiales corresponden a gastos de comercialización (vaya uno a saber que conceptos incluyen) que, equivale a $ 3 billones.
Según inteligencia artificial y estándares estadísticos, lo ideal en gastos de comercialización es del 15 al 20% del total, supongamos que en este negocio tan rentable sea del 20%. Siendo así, estaríamos gastando recursos no eficientes o de mala calidad por $ 1.8 billones, cifra que alcanzaría para pagar la UPC de salud de 1.183.051 colombianos o la matrícula de 180.000 estudiantes universitarios.
Asimilado el análisis anterior, en plena revuelo por la decisión en derecho de la CC, los gobernantes, trabajadores públicos y la prensa han brindado sus opiniones y los posibles escenarios que deben afrontar tanto los gigantes como la FLA y Caldas y los pequeños como la ILV, ELC y otros. A mi modo de ver, las opiniones o los análisis carecen de profundidad o de una lectura acertada de la situación.
La libertad de mercado en aguardiente favorece indiscutiblemente a los Departamentos y particularmente a los rubros de salud y educación. Ahora el reto es saber quiénes serán los sujetos pasivos de esos recursos si las licoreras oficiales o los privados. La sonrisa de los gobernantes de Caldas o de la FLA es efímera, en la libertad de mercado la pelea no es con las empresas de Licores del Valle, Cundinamarca, Cauca o Tolima.
Como pudimos demostrar en el análisis inicial, el negocio de aguardientes es muy rentable, con márgenes bruto entre el 50 y 60%, solo comparable con los ilegales y no con los negocios de consumos masivos como están acostumbrados los empresarios.
Al tener gastos operativos del 20%, obtendrían margen neto del 40%, margen que al inicio del negocio no sería atractivo, sino se incrementa el volumen de ventas, siendo así, el negociante versado va por una participación mayor del mercado y para eso su principal herramienta de competencia será el precio, es decir, se formará la guerra de precios y en ella gana el más eficiente, el privado.
La amenaza de los privados con tremendas ventajas competitivas, entre ellas los costos, la cadena de distribución, los clientes, los proveedores está encabezada por las multinacionales como Pernod Ricard, Diageo, William Grant, Koba Colombia etc; los ingenios azucareros en el Valle del Cauca, las sociedades que formen los mayoristas o distribuidores etc. Son el verdadero problema para las licoreras oficiales.
En principio, Caldas y FLA serán una amenaza para las otras 5 licoreras y aprovecharán los primeros años, pero luego el virus del fuerte cobijará a todos, las cifras demuestran que Caldas, FLA y las demás son altamente ineficientes en su rentabilidad, administradas con los mismos vicios de lo público, con alta intermediación y con gastos….., hechos que nos ponen en desventajas.
Los recursos públicos no se pueden desperdiciar de esa manera, como defensor de los recursos públicos, de la legalidad y del sentido común pienso que:
El aguardiente debe ser declarado patrimonio nacional, cuyo objetivo será proteger las licoreras oficiales, acabando con su rivalidad entre ellas, merma de gastos de comercialización, con publicidad nacional estándar a las categorías, márgenes únicos, precios únicos, actuando como una sola empresa, sectorizada en sucursales, lo que se llama negocio en conjunto.
Los productos de una licorera oficial vendidos en el Departamento de otra licorera oficial deben maquilarse en la planta de producción de la licorera local.
Acabar con ACIL como ente burocrático y crear una especie de Junta Directiva de Licoreras oficiales que implemente las políticas, estrategias y haga la defensa del gremio. Igual que consolide la información financiera y los resultados.
Los sindicatos y los trabajadores deben emprender acciones, para que los gobernantes o administradores de las 7 empresas actúen como empresarios y pongan en marcha la estructura planteada que estructure el negocio conjunto, basado en una alianza comercial, sin egoísmo y sin aplicar ley del más fuerte.
Mientras que las soluciones de fondo lleguen, los pasos a seguir deben ser cuidadosos, técnicos y de resultados. La premisa debe ser defender el mercado actual, luego explorar sin desbocarse, reducir gastos basuras, conservar el ahorro, invertir en activos productivos a corto plazo y consolidar inversiones en la búsqueda de mercados que disminuyan el riesgo negocio.
Si se unen sin egoísmo, pensando como gremio, los gastos ineficientes se convertirán en ingresos propios que, nos ayudarán a conseguir el bienestar de los trabajadores, de los clientes, de los proveedores y fundamentalmente de la política social de los Departamentos, con más recursos para la salud, el deporte y la educación y la estabilidad de sus trabajadores directos e indirectos.
Llegó la hora que los políticos sean responsables con estas empresas, que desaparezca el riesgo político y venga la luz de la tecnocracia, inspirada en el interés general y el sentido común. Estoy seguro que así será.
