La reciente decisión del Gobierno colombiano de suspender el programa “Mi Casa Ya”, que ha estado en funcionamiento desde 2015, tiene profundas implicaciones económicas y sociales para el país. Este programa, diseñado para facilitar el acceso a la vivienda de interés social (VIS) a familias de estratos 2, 3 y 4 ha sido un pilar fundamental en la política de vivienda del país, proporcionando subsidios que han permitido a miles de colombianos adquirir su hogar.
La abrupta suspensión del programa “Mi Casa Ya”
genera desconfianza entre los ciudadanos hacia las políticas públicas relacionadas con vivienda y desarrollo social. Esto podría tener repercusiones negativas en futuras iniciativas gubernamentales destinadas a mejorar las condiciones habitacionales para los sectores más vulnerables.
La eliminación del subsidio a la tasa de interés provocará un incremento significativo en los costos de financiamiento para las familias afectadas. Este aumento no solo impacta a los hogares directamente involucrados, sino que también podría contribuir a una desaceleración en el mercado inmobiliario, donde ya se había reportado una caída del 45% en las ventas de viviendas durante 2023.
El anuncio de la suspensión fue realizado el 18 de diciembre de 2024, justificándose por la crisis fiscal del gobierno y la falta de recursos disponibles tras el fracaso de una reforma tributaria que buscaba aumentar los ingresos del Estado. Se estima que más de 40.500 hogares se verán afectados, ya que perderán la cobertura a la tasa de interés en sus créditos hipotecarios, lo que podría resultar en un aumento del 30% en sus cuotas mensuales. Esto significa que familias que actualmente pagan cuotas de aproximadamente $484.000 podrían ver incrementos hasta $634.000, lo que pone en riesgo su capacidad para mantener sus viviendas.
Implicaciones financieras, sociales y económicas
En el caso de la compra de Vivienda de Interés Social (VIS rural de 135 salarios mínimos) de $175,5 millones pasaría de pagar $1,07 millones a $1,32 millones y aquellos que compren VIS urbana (de 150 salarios mínimos) de $195 millones pasaría de pagar $1,2 millones a $1,5 millones. Estos cálculos son teniendo en cuenta un ahorro mínimo requerido del 20 % y con el subsidio de Mi Casa Ya.
La suspensión del programa afecta directamente a las empresas constructoras, muchas de las cuales dependen de este subsidio para mantener su flujo de ventas. Camacol ha advertido sobre una posible quiebra de constructoras si no se encuentran soluciones rápidas para mitigar el impacto económico. Se estima que cerca de 20.000 hogares podrían desistir de comprar vivienda debido a estas nuevas condiciones.
Para cubrir las tasas de interés faltantes para los estratos 2 y 3, se necesitarían aproximadamente $128.000 millones durante los próximos dos años. Sin este apoyo financiero, el sector construcción podría enfrentar una crisis gigante, que crece con la quiebra de constructoras, que salen del mercado
La pérdida del subsidio incrementa la vulnerabilidad económica de miles de familias que ya enfrentan dificultades financieras. Sin acceso a viviendas asequibles, muchas podrían verse obligadas a abandonar sus proyectos habitacionales o incluso enfrentar desalojo.
La incapacidad para acceder a una vivienda digna puede agravar problemas sociales existentes como el hacinamiento y la inseguridad habitacional. Esto puede llevar a un aumento en tensiones sociales y conflictos comunitarios.
Guillermo Herrera, presidente de Camacol
“El Ministerio de Vivienda ha expresado toda su voluntad y ha estado trabajando para gestionar los recursos para los beneficiarios de Mi Casa Ya. Esperamos que se pueda encontrar una salida pronta que evite el efecto de la Circular 012 del 16 de diciembre de 2024 en los hogares que se encuentran a punto de recibir su vivienda, y que, así mismo, se puedan gestionar los menos de $130 mil millones que se requieren en 2024 y 2025 para la operación de las coberturas”
Retroceso de políticas publicas
El fin del programa Mi Casa Ya no solo representa un retroceso en las políticas públicas dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda en Colombia, sino que también plantea serios desafíos económicos y sociales. La situación exige una respuesta inmediata por parte del gobierno para mitigar los efectos adversos sobre las familias afectadas y el sector construcción. Sin acciones correctivas, se corre el riesgo de desencadenar una crisis más profunda que afecte tanto la economía como el tejido social del país.
