El Gobierno nacional expidió el Decreto 1523 del 18 de diciembre 2024, mediante el cual se expide el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025, aforado en $511 billones. La decisión se adoptó por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público luego de que el Senado de la República hundiera el proyecto de PGN 2025, que establecía un monto total de $523 billones, de los cuales $12 billones eran contingentes, es decir, se tramitarían a través del proyecto de Ley de Financiamiento ( Proyecto tributario )
Para recordar
Aunque el Congreso tenía plazo hasta el 20 de octubre pasado para estudiar y aprobar el PGN, un mes antes, el 24 de septiembre de 2024, las comisiones económicas Terceras y Cuartas de Cámara y Senado decidieron hundir la iniciativa, y el pasado 11 de diciembre, hicieron lo propio con el proyecto de Ley de Financiamiento. De esta manera, el Gobierno, en aplicación del artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, en concordancia con el artículo 348 de la Constitución Nacional, expidió el PGN 2025 mediante Decreto.
Así las cosas, y tal como había advertido el entonces Ministro de Hacienda Ricardo Bonilla González, al expedir por decreto el PGN de 2025, descontando del monto total lo correspondiente a los $12 billones de la Ley de Financiamiento, quedó en $511 billones 7.132 millones.
Lo económico y lo jurídico en controversia
El reciente anuncio del Gobierno de Colombia sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025, ha suscitado un análisis crítico tanto desde el ámbito económico como jurídico. Este presupuesto, enfrenta serias preocupaciones debido a su falta de financiamiento adecuado.
En el análisis económico hay desfinanciación del Presupuesto. El PGN de 2025 incluye un déficit de $12 billones que no se logró cubrir mediante la ley de financiamiento, lo que significa que el presupuesto está desfinanciado. Este déficit plantea interrogantes sobre la viabilidad de los planes económicos del gobierno, especialmente en un contexto donde la economía colombiana ya enfrenta desafíos significativos, como la inflación y el crecimiento lento.
El presupuesto está destinado a sectores cruciales como educación, salud y defensa. Sin embargo, la falta de financiamiento pone en riesgo la ejecución de programas esenciales, a llevar a recortes en áreas críticas, afectando así el bienestar social y económico del país. El Ministro de Hacienda ha mencionado que el presupuesto es fiscalmente sostenible y está alineado con las políticas sociales del gobierno, pero las proyecciones de ingresos no garantizan que se cumplan estas afirmaciones.
A resolver déficit
El Presidente Gustavo Petro firmó el presupuesto por decreto, lo que ha generado controversia sobre la legalidad de este procedimiento. Si se impugna el decreto, podría haber consecuencias severas para la gobernanza fiscal del país. La incertidumbre legal podría afectar la confianza de los inversionistas y generar inestabilidad económica adicional. Además, si no se logra resolver el déficit a través de mecanismos legales adecuados, Colombia enfrentará sanciones internacionales o restricciones en su capacidad para acceder a financiamiento externo.
El presupuesto general para 2025 en Colombia representa un desafío La falta de financiamiento adecuado y la controversia sobre su emisión por decreto plantean serios riesgos económicos y jurídicos. A medida que el gobierno busca implementar reformas necesarias para asegurar su viabilidad financiera
La falta de financiamiento del presupuesto representa un desafío crítico que podría obstaculizar el desarrollo económico del país. Las repercusiones se extenderán desde la reducción de inversiones vitales hasta un impacto negativo en las MiPymes y el sistema de salud. Para mitigar estos efectos, será esencial que el gobierno busque soluciones efectivas y consensuadas que aseguren una financiación sostenible y adecuada para enfrentar los desafíos económicos actuales y futuros.
