La reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) propuesta por el presidente Gustavo Petro ha generado un intenso debate en Colombia, en el congreso de la republica, enfrenta el sexto de ocho debates para convertirse en ley. Aunque el Gobierno ha defendido el proyecto con la bandera de la descentralización, el problema es que la propuesta no contempla la viabilidad fiscal del país, sobre todo a mediano plazo.
La propuesta y sus cambios.
Es cambiar el mecanismo por el que los municipios, distritos y departamentos reciben el dinero de la Nación, con el que se financian servicios básicos como educación, salud, agua, entre otros. La distribución de estos recursos se ejecuta en función de criterios como lo son la población, necesidades y niveles de pobreza. Ese dinero sale de los ingresos corrientes de la nación, conocida como ICN, que se recauda mediante impuestos directos e indirectos, cobros de derechos administrativos, ventas de bienes básicos, entre otras fuentes.
Lo Positivo
Aumento de Recursos para Regiones: La reforma propone un aumento gradual en la participación de los ingresos de la Nación a los departamentos, pasando del 26% al 46% en un plazo de diez años. Este incremento está diseñado para fortalecer la capacidad financiera de los municipios y mejorar la provisión de servicios básicos como educación, salud y agua
Descentralización: Se argumenta que la reforma es un paso hacia una mayor descentralización, permitiendo que las instituciones territoriales tengan más recursos y responsabilidades. Esto podría resultar en una administración más eficiente y adaptada a las necesidades locales, cerrando brechas entre territorios; pero si se aumenta la plata, deben trasladarse competencias.
Lo Negativo
Riesgo Fiscal: según exministros y analistas económicos, advierten que el aumento propuesto podría poner en riesgo la sostenibilidad fiscal del país. Se estima que podría generar un “hueco” en el presupuesto general de hasta 577 billones de pesos en diez años, afectando sectores críticos como justicia, defensa y seguridad
Incertidumbre en la Implementación: La falta de claridad sobre cómo se redistribuirán las competencias entre la Nación y las entidades territoriales ha sido señalada como una preocupación. Los críticos argumentan que esto podría llevar a una ejecución ineficaz de los recursos
Críticas a la Eficiencia: A pesar del aumento en los ingresos, hay preocupaciones sobre la efectividad del gasto público en las regiones. Históricamente, se han enviado grandes sumas en regalías sin que se reflejen mejoras visibles en infraestructura o servicios, lo que plantea dudas sobre si el aumento propuesto realmente beneficiará a la población
El monto
En el 2024 el monto del SGP alcanzaría $70,5 billones. Bajo la ley actual, el Gobierno gira 23,8% de los ingresos corrientes de la nación, y la reforma propone que ese monto suba a 46,5%, durante la próxima década.
El Ministerio de Hacienda rectificó
Su postura negativa sobre la reforma al SGP, siempre y cuando esa se acompañe con una ley de competencias, que permita transferir funciones a los entes territoriales que se contemplaría dentro de un análisis de sostenibilidad fiscal y el cumplimiento de la deuda.
En resumen, mientras que la reforma al SGP tiene el potencial de transformar positivamente el panorama fiscal y administrativo de Colombia, también enfrenta serias críticas que deben ser abordadas para garantizar su éxito y sostenibilidad; empezando porque el proyecto necesitaría de tres reformas tributarias, solo para financiar los incrementos en las transferencias
