La crisis en el sistema de salud colombiano se viene acentuando por cuenta del descontento de la población frente al acceso y prestación de servicios y en el distrito de Cali volvieron a la costumbre de la administración Ospina , no dar respuesta a los derechos de petición en temas de obras públicas, pavimentación de barrios, megaobras, contribución de valorización, litigios que lleva jurídico alcaldia, etc

Salud, tutelas se duplican…

De acuerdo con el último informe del centro de pensamiento Así Vamos en Salud, en el primer cuatrimestre de este año el número de tutelas relacionadas con la atención se desbordó en 42,2% frente al mismo período de 2023. En cifras, el dato de tutelas pasó de las 59.371 en el 2023 a un total de 84.445 en los primeros cuatro meses del año en curso. Así, entre los factores que han contribuido a ese incremento se destacan las prolongadas demoras en la asignación de citas, la escasez de medicamentos y las largas listas de espera para intervenciones críticas.

En detalle, se presentó que entre las principales pretensiones reclamadas en salud durante los primeros cuatro meses la que más tuvo acciones de tutela fue la práctica oportuna de procedimientos médicos, con 29.586, las cuales subieron 49,7% frente al dato de 2023. Le siguió la entrega oportuna de medicamentos e insumos, que llegó a las 22.676 y tuvo un incremento del 77,5% y la asignación de citas con 21.237 que se dispararon 70,2%.

“Estas problemáticas han llevado a muchos ciudadanos a recurrir a la tutela para proteger su derecho fundamental a la salud, el cual ven comprometido por las fallas del sistema”, sugiere el informe. Otro de los puntos que analizan es el comportamiento de las preguntas, quejas, reclamos y solicitudes. Según el centro de pensamiento, en esta categoría se ha mostrado un comportamiento alcista en el número de casos registrados, pues solo de enero a abril de este año el dato alcanzó las 505.991.

Participación ciudadana en Colombia

A partir de la Constitución de 1991, la Participación Ciudadana se consolidó como un derecho fundamental para la población colombiana. A su vez, este derecho permitió que la democracia se constituye en el escenario idóneo para que la ciudadanía influyera significativamente en el ámbito de lo público y en su cotidianidad mediante 3 ejercicios permanentes con el Estado: Deliberación, concertación y coexistencia. Con base en esto, se cuenta con una herramienta que logra reunir los anteriores aspectos y refuerza el ideal de una democracia más incluyente, más efectiva y, sobre

todo, más incidente: La Ley Estatutaria 1757 de Participación Ciudadana sancionada el 6 de julio de 2015. Se necesita por parte de la ciudadanía el empoderamiento de la participación ciudadana y del estado para garantizar la misma. Muchos de los mecanismos de participación ciudadana y de las leyes que los regulan hasta el momento han sido ineficaces

Participación ciudadana en Cali 

En la ciudad se aplica un conjunto de normas nacionales relacionadas con las funciones de las entidades territoriales y la apertura de la esfera pública a la ciudadanía a través de mecanismos representativos, con más de 50 instancias que se sustentan en una normativa nacional adoptada en la ciudad; algunas de estas cuentas con algún desarrollo normativo local mediante un decreto o acuerdo.

La Alcaldía de Cali emitió el Decreto por el cual se crea el Consejo Municipal de Participación Ciudadana, para la definición, promoción, seguimiento, diseño y evaluación de la política pública de participación ciudadana , pero ni funciona ni  se logra. Los derechos de los ciudadanos no se logran y hoy , por ausencia del cumplimiento de mandatos legales ante un distrito de Cali inviable porque todos sus proyectos importantes en 30 años fracasaron ( Termoemcali 1994, MIO 2002,  Centro de eventos Valle del Pacifico 2006, Megaobras 2008, Mi comunidad es escuela 2017, 6 Parques 2020 – 2023).

Fracasaron porque los proyectos no se terminaron, no se cumplieron presupuestos  y todo porque no se escucharon a los ciudadanos, ni a la comunidad , no se hicieron los debidos estudios de factibilidad, ni los desfases técnicos y presupuestales han sido corregidos, ni las normas que los cobijan se cumplieron. Y todo esto origina un distrito de Cali en quiebra fiscal, porque no puede cumplir con sus obligaciones fiscales en compromisos contractuales billonarios con el MIO y las 21 Megaobras.

Finalmente, la justicia no funciona para la defensa del ciudadano y del contribuyente, se ha demostrado a través del tiempo, que no se han garantizado los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Redacción