La solución a la ocupación del espacio público como política gubernamental de mediano y largo plazo implica una serie de acciones integrales que le devuelvan a las personas sus derechos fundamentales a la movilidad sin obstáculos y con seguridad para sus vidas por dichos espacios.

Y para quienes ocupan los andenes, vías, parques, plazoletas y en general todo espacio público dentro del territorio, el Estado debe crear políticas que les garanticen en forma reala el derecho al TRABAJO en condiciones dignas en igualdad de condiciones a las de todo trabajador como lo establecen la Constitución y la abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Sin embargo, no parecen ser esas las alternativas que se vislumbran a raíz de la sentencia de la jurisdicción contenciosa administrativa al resolver una acción popular tendiente a recuperar un corredor vial en el centro de la ciudad.

Los caleños a través de sus elevados impuestos locales desde hace más de dos décadas vienen contribuyendo a la solución de esta problemática. Las “soluciones” que alcaldes y concejo de Cali implementaron han sido erráticas por lo coyunturales, clientelistas y populistas, dejándole a la ciudad el caos generado por dicha realidad que es una de las causas de la dificultad en la movilidad peatonal y la de vehículos automotores, inseguridad, aumento del desempleo invisibilizado con la nueva modalidad de trabajo de “emprendimiento” que linda con la indignidad y la exclusión social.

Desde el costoso y fracasado proyecto de “Airear Urbano” hasta las modernas políticas de dotar a la ciudad de espacios públicos, entregándolas para emprendimientos generalmente gastronómicos y de venta de artesanías asumidas por los gobiernos de turno conjuntamente con el concejo municipal, solo han servido para ocupar ilegalmente el espacio público con toda clase de ventas en el centro de la ciudad e igualmente en el norte, en el sur, en el oriente y en el occidente, con las cuales se estimula la creación de una condición social cada vez mas precaria de subsistencia y de trabajo esclavo.

Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.

Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social

El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social