Nos están matando

Fue la frase acuñada por los manifestantes y protestantes de los actos vandálicos ocurridos entre abril y junio de 2021. Los vandálicos hechos tuvieron como epicentro la ciudad de Cali, la cual sufrió multimillonarias perdidas en su infraestructura de movilidad y saqueo de instalaciones comerciales en el centro de la ciudad.

Había sido una réplica del estallido social de Chile del 2019, el cual igualmente destruyó la infraestructura del sistema de transporte masivo del metro de la capital chilena. En Colombia, las centrales obreras, acompañadas de un puñado de artistas e integrantes políticos de la izquierda, encabezados por el entonces senador Gustavo Petro habían encontrado un caldo de cultivo propicio para el nefasto laboratorio electoral.

Se convocó para el 21 de noviembre la protesta, en contra del gobierno del presidente Iván Duque, en respuesta al asesinato de lideres comunitarios en el territorio nacional. Afortunadamente, en esa fecha, la protesta en las principales ciudades no cobró la notoriedad vandálica y fue controlada por las fuerzas del orden.

Los años siguientes la epidemia del COVID no permitió dar continuidad a la celebración del aniversario del denominado #21N (21 de noviembre). Sin embargo, en abril de 2021 el proyecto de reforma tributaria de Duque, fue el detonante de la protesta que paralizó el país.

Cali había sido convertida en laboratorio experimental de la protesta social atizada por Petro, sus partidarios y amparada por el alcalde Ospina. Las confrontaciones entre manifestantes y fuerzas policivas lamentablemente cobraron vidas y el clamor “Nos están matando” se popularizó.

Hoy cuatro años después, con el líder de las protestas en la presidencia y su equivocada ideología destructiva de prósperos sectores arremetió contra el sector salud con absurdas propuestas de cambio. Ha estatizado el 60% del sistema argumentando enriquecimiento de los prestadores, pero la ineficiencia estatal es palmaria.

La contribuyente clase trabajadora del otrora fortalecido régimen de salud ha sido victimizada. Las EPS, por falta de recursos que en contraprestación debe girar el estado, equivocadamente indexados por debajo del costo operativo, han paralizado la prestación de servicios médicos. Pero quizás lo más preocupante es la demora, y en algunos casos, la no entrega de medicamentos.

Las filas, con similitud a las cubanas, nicaragüenses y venezolanas, en los dispensarios son interminables, Las enfermedades crónicas de pacientes y ciudadanos, principalmente, de la tercera edad no son atendidas. El silencio cómplice de las organizaciones de derechos humanos es ensordecedor.

En esta ocasión, no se trata de un estallido social joven, se trata del magnicidio gestado desde la presidencia y el ministerio de Salud. Millones de ciudadanos morirán por falta de atención médica, hospitalaria y medicamentos. Colombia ha retrocedido cien años, remontándose a la época hitleriana previa a la segunda guerra mundial, donde el estado se beneficiaba al no tener que atender una población vulnerable.

Ahora si, como en campos de concentración los enfermos y en llanto gritan;

“Nos están matando”.