Del latín publicus, la palabra se refiere a una colectividad reunida en un determinado lugar, en este caso una ciudad, para participar de unas mismas experiencias conocidas por todos, a la vista de todos, accesibles a todos, destinadas por la administración pública a los habitantes de la ciudad, y controladas por ella. Junto con lo privado y los individuos, lo público conforma la ciudad e incluye los espacios urbanos, los servicios, la propiedad y los habitantes, al punto de que es lo público lo que los convierte en ciudadanos con derechos, al tiempo que le impone deberes a los individuos y a la propiedad privada y, finalmente, transforma sus construcciones en ciudad.
El espacio urbano que conforman los edificios (calles, avenidas, plazas, parques y zonas verdes) es público en la medida en que todos sus habitantes ineludiblemente lo deben usar para poder habitar en una ciudad; y su adecuado uso depende tanto de las normas pertinentes al mismo y del control de su cumplimiento por parte de las autoridades, como de la educación cívica y la mentalidad de urbanitas de dichos habitantes. Y hay que agregar al espacio urbano muchos edificios públicos de uso público, como mercados y centros de salud, deportivos, recreativos y culturales, o incluso semipúblicos como lo son, por ejemplo, los centros comerciales de propiedad privada.
Los servicios públicos han estado presentes en las ciudades desde su inicio, hace unos diez siglos, principiando por el agua, ya que sin esta no se las podría habitar; y la presencia de un río, un gran lago o del mar les permitía comunicarse con otras, y pronto precisaron de desagües; después aparecieron fuentes y acueductos; pero el agua potable, el gas y la electricidad, y el transporte público, vendrían apenas hace un par de siglos, y por último llegó la telefonía y la televisión. El hecho es que ya en el siglo XXI sin servicios públicos no hay ciudad, pese a que en muchas en el mundo muchos de sus habitantes no cuentan con todos ellos, al menos no de manera eficiente.
La propiedad pública del espacio urbano y de los servicios públicos es clara, pero cuando las ciudades se extienden y la propiedad privada del suelo entra a figurar , es imprescindible que exista un plan de ordenamiento territorial, POT, a largo plazo, que impida que la corrupción, que beneficia solo a unos pocos, lleve a que todos sufran los errores que se cometan. Y por supuesto aplicar el impuesto a la plusvalía a todo terreno que se quiera urbanizar, y por otra parte limitar los servicios públicos a lo que establezca dicho POT; o que todo el suelo urbano sea de propiedad pública y solo se otorguen permisos para construcciones asegurando su permanencia a largo plazo y renovable.
El público de la ciudad son sus habitantes, y en la medida en que más de ellos sean urbanitas, será mejor el morar en ella disfrutando de sus espacios urbanos públicos, no perturbándolos con imágenes, olores o ruidos ajenos; y no abusando de los servicios públicos, cuyo desperdicio o mal uso causa problemas medioambientales, económicos o de escasez. Lo público es lo que convierte a los habitantes en urbanitas, es decir personas ya acomodadas a los usos y costumbres colectivas de la ciudad, principalmente en sus espacios urbanos públicos, que son, precisamente, para el beneficio individual de todos, al punto de que es lo público lo que construye la ciudad.
Arquitecto de la Universidad de los Andes con maestría en historia de la Universidad del Valle y especializaciones en la San Buenaventura. Ha sido docente en los Andes y en su Taller Internacional de Cartagena; en Cali en Univalle, la San Buenaventura y la Javeriana, en Armenia en La Gran Colombia, en el ISAD en Chihuahua, y continua siéndolo en la Escuela de arquitectura y diseño, Isthmus, en Panamá. Miembro de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali y la Fundación Salmona. Escribe en El País desde 1998, y en Caliescribe.com desde 2011.