La inseguridad en el país se convirtió en una constante que se extiende a todos los ámbitos de la vida económica, política, jurídica, social y ambiental, generándose, con ello un clima de incertidumbre que afecta el conjunto del devenir histórico de la sociedad.
El bajo crecimiento y desarrollo económico, la intensificación de la violencia desatada por la confrontación armada de los diferentes grupos ilegales entre sí y con el Estado que actúan en varias regiones del país, además de la conflictividad política que a su vez incrementó la polarización social, son algunos de los aspectos que influyen en el aumento de la inseguridad que se vive en el país y que se teme pueda incrementarse con las acciones del gobierno del presidente Petro, haciendo que se exacerbe aún mas el ambiente de incertidumbre que se vive en el país.
Dichas expresiones de inseguridad se reflejan de alguna manera en la vida jurídica de la sociedad, generándose una serie de situaciones de carácter contradictorio que afectan directa o indirectamente el interés general que las autoridades respectivas deben representar y defender de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política y en la ley.
En este caso se trata de la decisión de un juez de la ciudad de Santa Marta, que con base en una acción de tutela interpuesta por el gobernador de la comunidad indígena de Taganga, ordenó la suspensión de la perforación del pozo denominado Uchuva 2 en el bloque Tayrona, en aguas profundas del mar Caribe a 31 kmts en línea recta de la Costa.
Dicho fallo judicial tiene por objeto según se dice, el de amparar los derechos fundamentales a la consulta previa y a la propiedad inmaterial, cultural y del medio ambiente de la comunidad indígena que a través de su representante judicial afirma que “nunca fueron informados del hallazgo de gas natural ni consultados de este proyecto por el gobierno”. Lo cual le permitiría al Estado atender la creciente demanda de este energético en favor de la población colombiana en el inmediato futuro.
Esta decisión afecta no solo la seguridad energética del país, sino que además retrasa el proceso mismo de extracción del gas que se ha convertido en una necesidad sentida por miles de usuarios que lo utilizan diariamente en diferentes menesteres. Situación que debe llevar al gobierno nacional y a los directivos de Ecopetrol a reflexionar sobre las políticas a seguir en materia de hidrocarburos y su obligación de cumplir estrictamente con los parámetros establecidos en la Constitución y en la ley; teniendo en cuenta que las decisiones en materia de transición energética encaminadas a reducir la dependencia de los combustibles fósiles guarda estrecha relación con el ritmo y la medida de poder generar las denominadas energías limpias.
La seguridad en general del país debe estar fundamentada en un proceso integral debidamente ordenado, conforme a un plan concurrente con las necesidades del país y de unas políticas en materia económica y social que le faciliten al gobierno el cumplimiento de los principios y fines del Estado Social de Derecho, en concordancia con la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos de participar en los asuntos de interés general que garanticen la seguridad en general no obstante los riesgos, contradicciones y conflictos que se presentan en una sociedad como la nuestra en donde la inseguridad se acrecienta con la improvisación y la falta de planeación así como de la existencia de políticas que aparentemente garantizan el interés general disfrazado de interés individual en favor de determinadas clases y sectores económicos y políticos aliados con el poder del Estado, que en este caso de la consulta previa a la comunidad indígena Tayrona se hizo caso omiso de dicho procedimiento con las consecuencias que ello implica desde el punto de vista de la seguridad jurídica del país frente a las expectativas que se crearon con la extracción del gas que en el futuro no muy lejano, probablemente tendrá que importar el país ante el agotamiento de sus reservas que los usuarios pagarán a un precio mayor.
La seguridad en general y en particular la energética que debe observar el país aun en las condiciones de la transición de los combustibles fósiles a las energías limpias debe realizarse teniendo en cuenta la propia realidad que se vive en el país y no como producto de imposiciones políticas de los gobiernos de turno que hacen caso omiso de las experiencias y del conocimiento científico que debe acompañar dichos procesos, como única alternativa de sostenibilidad, de la seguridad, en materia económica, política, social y ambiental.
