Los conquistadores provenientes del sur, cuando pasaron por Cali, estaban obsesionados con la salida al océano Pacifico para la extracción de oro y otros bienes colectivos expropiados. En principio, fue a lomo de mula, con la población afrodescendiente esclavizada e indidigena sometida que se movieron las cargas por el territorio inhóspito hasta Buenaventura. Siglos después, el tránsito por la trocha fue complementado con el ferrocarril del Pacifico que entró en operaciones a inicios del siglo XX. Históricamente la conectividad entre el principal puerto y el centro del país no ha estado exenta de la codicia de quienes han visto en esta vía únicamente la oportunidad de incrementar sus fortunas, sin importar, realmente el bienestar de la población del pacifico vallecaucano.
Casi cinco siglos después, es la avaricia del banquero Luis Carlos Sarmiento Ángulo la que se encuentra representada en la ampliación y modernización de uno de los tramos de esta vía. Fue en el 2015, en el Gobierno de Juan Manuel Santos, cuando se suscribió el contrato bajo la modalidad de Alianza Público Privada (APP) entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el consorcio COVIMAR S.A.S. Dicho consorcio está conformado por las empresas “Estudios y Proyectos e Inversiones de los Andes S.A.S” y la “Sociedad de Proyectos y Desarrollos Viales del Mar S.A.S. Ambas hacen parte del holding de Corficolombiana, cuyo propietario es el magnate Sarmiento Ángulo. Se trata del mismo modelo concesionario utilizado para las vías de cuarta generación (4G), que fueron otorgadas a este banquero en los departamentos: Meta, Casanare, Cundinamarca y Antioquia.
La concesión se suscribió con una duración de 29 años y en los términos contractuales, el Estado quedó obligado a poner los recursos financieros para la construcción de los 32 kilómetros de vía, mientras, el privado usufructuaria los recursos provenientes del peaje para el mantenimiento y operación de la vía. En los primeros años de la ejecución contractual, el concesionario desató un laudo arbitral con la finalidad de acabar el contrato por la ausencia de licencia ambiental, sin embargo, el fallo fue favorable al Estado y COVIMAR fue condenado a pagar más de 1.000 millones de pesos. Una vez obtenida la licencia ambiental, el magnate Sarmiento Ángulo, a través de su empresa, demandó nuevamente para que el Estado reconozca aproximadamente un billón de pesos adicionales al valor firmado en el contrato.
La codicia insaciable del banquero Sarmiento Ángulo ha impedido que se construya el primer metro lineal de la vía Mulaló – Loboguerrero, mientras el Estado ha girado del presupuesto general de la Nación $2 billones ( dos billones de pesos) , asumiendo la obligación contractual.
Lo más insólito es que si el nuevo laudo arbitral le diera la razón al banquero, la Nación tendría que pagar $0.7 billones ( 700 mil millones de pesos) sin haber construido la vía. Este modelo de vías 4G tan publicitado por el entonces vicepresidente German Vargas Lleras, es el esquema en el cual el estado asume los riesgos y el privado las ganancias.
Esta privatización de las vías solo ha servido para aumentar la fortuna del magnate Sarmiento Ángulo, imponer tarifas de peaje abusivas y privar al Valle del Cauca de recursos fundamentales que podrían destinarse al bienestar de la población.
