El liderazgo del presidente Gustavo Petro al acoger en Bogotá la primera cumbre del Grupo de La Haya para enfrentar la ofensiva israelí en Gaza representa un giro audaz en la política exterior colombiana, con importancia simbólica y legal, pero con limitaciones prácticas para Colombia como país con baja renta per cápita y alta desigualdad social.
Desde un ángulo político e internacional, Colombia se sitúa como un actor en un bloque de naciones del Sur Global ( Bolivia, Cuba, Sudáfrica, Malasia, entre otros) que buscan canalizar la indignación contra el conflicto en Gaza en acciones concretas, principalmente legales, frente a la Corte Internacional de Justicia y a organismos multilaterales. La cumbre reunió a más de 30 países, incluidos algunos europeos como España y Portugal, reflejando una ampliación del respaldo más allá del Sur Global tradicional.
Este evento marca un rompimiento con Estados Unidos, principal aliado occidental tradicional y uno de los grandes poderes globales cuyas políticas protegen a Israel. Colombia, bajo Petro, ha adoptado una posición crítica y alejada de la tradicional alianza proestadounidense, llegando incluso a romper relaciones diplomáticas con Israel en 2024. Esta postura coincide con una respuesta a demandas internas de sectores sociales que ven desde la izquierda latinoamericana la causa palestina como una lucha de justicia y derechos humanos. Pero no vieron la matanza del 7 de octubre de 2023 en Israel que infringió el grupo Terrorista Hammas, desde el mismo Gaza.
No obstante, del punto de vista objetivo y objetivo la cumbre tiene escaso impacto directo en la vida cotidiana y económica del pueblo colombiano. Colombia, con uno de los PIB per cápita más bajos de la región y elevada desigualdad, enfrenta problemas internos mucho más urgentes. La cumbre representa sobre todo un gesto diplomático con alto contenido simbólico y aspiracional para posicionar a Colombia como líder regional en justicia internacional, pero sin gran capacidad para influir en el “gran capital” o en las decisiones estratégicas de los grandes actores occidentales.
Además, la ausencia relativa de países importantes y personalidades relevantes de bpaises occidentales indica que la iniciativa se desarrolla mayormente en un espacio político alternativo, periférico respecto a la agenda global hegemónica, lo que limita la capacidad real de presión internacional sobre Israel o sobre actores como Estados Unidos. Esto reduce el potencial transformador inmediato sobre la política internacional y la economía colombiana.
La cumbre un símbolo poderoso de la voluntad colombiana de desafiar la impunidad y defender el derecho internacional desde el Sur Global, lo que puede mejorar la imagen diplomática del país y abrir espacio para alianzas multilaterales. Sin embargo, para la gran mayoría de colombianos, esta acción no sirve directamente a sus intereses inmediatos ante la pobreza y desigualdad estructural, y no garantiza influencia efectiva en las dinámicas geopolíticas dominadas por el gran capital occidental.
La importancia real del evento está en la política internacional simbólica y judicial, no en beneficios socioeconómicos concretos para Colombia a corto plazo.
