Más temprano que tarde la crisis financiera del Estado colombiano dejará de ser una simple posibilidad para convertirse en una palpitante realidad, que hoy ha llevado al gobierno del presidente Petro a recortar el gasto público, lo cual obedece a diferentes factores entre los cuales se cuenta la reducción del recaudo de los impuestos, tasas y contribuciones, generándose con ello la necesidad de ajustar el presupuesto en las cuentas oficiales para la vigencia fiscal 2024
Por supuesto que el aumento exagerado del gasto público no se debe a un hecho casual ni fortuito, en tanto que el mismo está ligado estrechamente al crecimiento desbordado del gasto de funcionamiento del aparato del Estado y del aumento de la deuda pública, además del gasto social relacionado con el pago de subsidios y mantenimiento de programas de bienestar social y atención a sectores vulnerables de la sociedad; a lo cual se suman los gastos a realizarse en favor de los damnificados con las inundaciones causadas por la intensidad de las lluvias que trajeron el desbordamiento de ríos y quebradas en varias regiones del país.
Ahora bien, según informe del banco de la República, los recursos del tesoro nacional pasaron de 29.9 billones de pesos en el mes de abril del año 2023 a solo 7.1 billones de pesos para el mismo período del año 2024, lo cual significa que la liquidez en caja cayó en un 76%, quedando en su nivel más bajo respecto de los últimos diez años. Esta circunstancia demandará del gobierno tomar las medidas pertinentes, pues de lo contrario el país podrá estar en condiciones de perder su credibilidad frente a las agencias de riesgos para efecto de lograr nuevos créditos y refinanciar la deuda pública.
Para algunos economistas y expertos en la materia, el gobierno debe proceder cuanto antes a realizar los reajustes necesarios para afrontar de la mejor manera posible la crisis de liquidez financiera, en tanto que se recomienda no reducir el presupuesto de inversión en infraestructura de carreteras, vivienda, gasto social, etc. Para otros analistas, el gasto público debe ser más drástico de lo presupuestado por el gobierno, ya que sus ingresos resultaron insuficientes para atender las necesidades del año 2023, a la vez que para este año los ingresos continuaron a la baja hasta el punto de que el ajuste no será de 20 billones de pesos como lo anunció el ministro de Hacienda sino de 48 billones para cumplir con las metas que el gobierno se propuso adelantar.
No cabe la menor duda de que el ajuste del gasto público no será suficiente para lograr la reactivación económica en razón a que los recortes presupuestales que deben hacerse traerán consigo un mayor estancamiento económico, particularmente en aquellos sectores y ramas de la producción que jalonan el crecimiento y desarrollo de la economía y menos aún con la pretensión del gobierno de entronizar la denominada “inversión forzosa”, con el fin de atraer más recursos de crédito para la inversión en la industria, la vivienda, etc. Esta medida sin embargo no parece ser la más indicada en las actuales circunstancias, en tanto que la misma podría generar un efecto desestimulante de la inversión del capital instalado.
Así mismo, podrá ocurrir con la orden presidencial de prohibir la exportación de carbón a Israel, en razón a que el presidente Petro califica al señor Netanyahu como un genocida, por cuanto los negocios no pueden estar por encima de la vida de las personas. Independientemente del concepto moral que se tenga sobre ésta situación dolorosa e inhumana, el jefe del Estado siempre debe actuar conforme a lo establecido en la Constitución, leyes y tratados internacionales, además de tener en cuenta las condiciones en que las partes realizan el intercambio comercial generando derechos y obligaciones cuya violación o incumplimiento producen efectos y consecuencias jurídicas, económicas y políticas para estas.
Y de ahí que dicha decisión por lo demás equivocada, resulte inconveniente y contraria al derecho interno e internacional.
Estas políticas que se adoptan con base en la simple voluntad del gobernante de turno, poco o nada contribuyen a resolver los graves problemas que en materia de liquidez financiera afectan directamente la inversión incluidos aquellos proyectos derivados del Plan Nacional de Desarrollo, frente a los cuales tiende a empeorarse la situación, de no adoptarse las medidas necesarias y urgentes que se recomiendan desde la ciencia económica y de la experiencia práctica e histórica encaminada a conjurar los efectos perniciosos que se presentarán en contra del crecimiento y desarrollo económico del país, a la vez que el presidente Petro parece más interesado en otras actividades de carácter ideológico y político que lo alejan de sus responsabilidades constitucionales y legales, además de predisponer su ánimo con actos de extra limitación en el ejercicio de sus funciones como presidente de todos los colombianos.
