La ciudad de Cali es considerada como una de las metrópolis más violentas e inseguras del país. En este caso cabe preguntarse, qué están haciendo las autoridades distritales para conjurar esta situación y garantizarles a los caleños su seguridad individual y colectiva.
La respuesta a este interrogante se relaciona casi siempre con el hecho de que las autoridades se quejan de que no tienen los recursos suficientes para combatir a la delincuencia y comprometerse con la ejecución de programas sociales y de prevención a fin de poder garantizar la seguridad en la ciudad.
Sin embargo, los índices de inseguridad continúan siendo los más altos, en tanto las autoridades se complacen simplemente cuando de un año para otro se produce una pequeña disminución de los delitos, circunstancia esta que muy poco o nada contribuye a mejorar la situación de inseguridad que se vive en la ciudad.
Por otra parte, se dice que para combatir la delincuencia es necesario modernizar y fortalecer el sistema de cámaras de seguridad y adelantar programas de convivencia y de resolución de conflictos con el fin de garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos, lo cual es considerado como un fin en sí mismo, sin tener en cuenta otros factores que influyen en el mantenimiento de la inseguridad que se vive en la ciudad de Cali, particularmente relacionada con la presencia cada vez mayor de las bandas del narcotráfico que se disputan el territorio de venta de estupefacientes que trafican en el mercado; además de la existencia de los denominados desguazaderos y los fleteros que despojan de sus pertenencias a los ciudadanos, de los contrabandistas de armas y tráfico de personas y del atraco callejero a los ciudadanos, entre otras conductas delictuosas que en muchos casos van acompañadas de homicidios y lesiones personales que hacen del transcurrir de la vida una circunstancia más angustiosa y preocupante.
Dichos problemas que conducen a la inseguridad están ligados de manera indisoluble con las condiciones de pobreza y desigualdad social de una inmensa población que crece en medio de toda clase de necesidades y carencias, proclive a la comisión de delitos y de toda clase de violencias que convierte a la ciudad en un vividero inseguro y violento que no podrá conjurarse utilizando para ello los mismos métodos y recursos con los cuales se combate a los delincuentes.
Y de ahí la necesidad de realizar un cambio sustancial de las políticas de seguridad que con el cambio de las condiciones de vida de los caleños será posible enfrentar este flagelo y siempre y cuando dichas políticas se traduzcan en oportunidades de trabajo, educación, salud, acatamiento de las normas y cooperación con las autoridades lo que contribuirá a que se erradiquen en el tiempo y en el espacio los problemas que genera la inseguridad desde el punto de vista individual y social.
La nueva administración distrital que preside el alcalde Alejandro Eder tiene el compromiso de implementar las medidas pertinentes para asegurarles a los caleños su seguridad en los barrios, calles y lugares públicos, retomando para ello la consigna de que Cali no solo es bella, sino que también debe ser segura.
ADENDA: Han pasado tres meses desde la posesión en el cargo por el alcalde Eder quien a pesar de sus denuncias a través de lo que se conoce como el “libro blanco”, no existe suficiente claridad sobre lo que sucederá por ejemplo, con el contrato del alumbrado público, la recolección de basuras, la continuidad o no de las obras iniciadas en la administración anterior, la solución de los problemas atinentes al componente de telecomunicaciones, los problemas derivados del cambio climático con un eventual racionamiento del agua y de la energía, la continuidad del plan de Renovación Urbana del Centro de la ciudad denominado Ciudad Paraíso, la situación en que se encuentran los 800.000 ciudadanos que padecen hambre mientras se desperdician toneladas de alimentos, entre otros asuntos de interés general sobre los cuales es necesario que el mandatario se pronuncie con propuestas concretas y viables para lograr en parte mitigar en este último caso la situación de hambre de los conciudadanos y de dar a conocer las políticas públicas y medidas administrativas que permitan avanzar en el fortalecimiento de las empresas públicas acordes con las necesidades e intereses de los caleños, a quienes se debe garantizar su participación en estos asuntos por expreso mandato constitucional..