El negociado de EMCALI sobre el Alumbrado Público de Cali

Los Caleños son los dueños y financiadores del alumbrado publico

En su respuesta oficial, EMCALI intenta presentar la adjudicación de la Alianza Estratégica al Consorcio AP Santiago de Cali (integrado por AGM Desarrollos S.A.S. [50%], American Lighting S.A.S. [40%] y Coinvercol S.A.S. [10%]) como un logro de gestión en el que el capital privado modernizará la ciudad sin costo adicional ni endeudamiento.

Omite una verdad jurídica y económica irrefutable: el sistema de alumbrado público de Cali no le pertenece a la gerencia de turno de EMCALI ni al aliado privado; es un patrimonio colectivo de los ciudadanos de Santiago de Cali. Más aún, el proyecto no se financia con la generosidad del sector privado, sino con el pago obligatorio y mensual que realizan todos los caleños a través del Impuesto de Alumbrado Público (IAP).

Por lo tanto, el ciudadano no es un simple espectador o usuario pasivo: es el propietario real de la infraestructura y el contribuyente que asumirá el costo total del negocio hasta el año 2045. Bajo esta premisa, el análisis de la respuesta de EMCALI evidencia graves vulneraciones al derecho ciudadano a la información, a la transparencia y a la protección de sus recursos públicos.

Vulneraciones a los Derechos Ciudadanos y Riesgos del Contrato

1. Violación del Derecho Fundamental de Acceso a la Información Pública

La Constitución Política de Colombia (artículos 20 y 74) y la Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014) establecen que toda información en posesión de entidades públicas es, por regla general, pública y solo puede reservarse por mandato expreso de la ley. Sin embargo, EMCALI impone un cerco informativo frente a los dueños del servicio:

• EMCALI se negó a revelar la composición accionaria de las empresas que conforman el consorcio ganador, aceptando de manera acrítica que el privado declarara dicha información como “confidencial”. Cuando se comprometen rentas públicas por dos décadas, los ciudadanos tienen el derecho inalienable de conocer quiénes son los beneficiarios finales reales de esas sociedades para ejercer control social y descartar conflictos de interés.
•  Al negar el acceso al modelo financiero y al Valor Presente Neto (VPN) del proyecto alegando una supuesta “reserva legal”, EMCALI priva a la ciudadanía y a sus veedurías de verificar si las cuentas son justas o si el privado obtendrá utilidades desproporcionadas a costa del bolsillo de los caleños.
• En lugar de rendir cuentas de forma clara, consolidada y accesible, la entidad se limitó a remitir al ciudadano a enlaces genéricos en plataformas externas (SECOP II), trasladando al contribuyente la carga de descifrar un expediente fragmentado.

Compromiso de una Renta Ciudadana Billonaria bajo un “Costo Indeterminado”

Emcali destaca una inversión inicial de $437.736 millones, oculta la verdadera magnitud del compromiso financiero que pagarán los contribuyentes durante los próximos veinte años:

• EMCALI reconoce expresamente en su oficio que el valor total de la Alianza Estratégica es indeterminado. La cifra anunciada cubre únicamente la instalación inicial (modernización de 101.037 luminarias, expansión de 3.945 y telegestión). A ello se sumarán, durante 240 meses hasta el 31 de diciembre de 2045, los pagos mensuales por Administración, Operación y Mantenimiento (CAOM) y dos programas opcionales (autogeneración y ciberseguridad/TIC) cuyo precio se fijará a futuro. Acaso en los estudios previos, la factibilidad del negocio, no tienen esa información oficial.
• Más de $5 billones en juego: Aunque se diga que “no habrá deuda”, el contrato compromete la renta tributaria más estable de la ciudad: el Impuesto de Alumbrado Público, cuya base mensual de recaudo se estima en $20.950 millones, indexados anualmente por inflación (IPP) y crecimiento poblacional. A lo largo de 20 años, los caleños aportarán más de $5 billones de pesos a esta bolsa, sin que EMCALI sea capaz de precisar qué porcentaje exacto quedará en manos públicas y cuánto absorberá el privado.
• Rentabilidad blindada con dinero ciudadano: Se garantiza al consorcio privado un costo de capital (WACC) de hasta el 12,09%, una tasa elevada para un negocio cuyo riesgo comercial es mínimo porque su fuente de pago está asegurada por un impuesto obligatorio cobrado en la factura de servicios públicos.

Adjudicación sin competencia real y evasión del estatuto contractual

Los ciudadanos tienen derecho a que sus recursos se adjudiquen mediante procesos de libre concurrencia que garanticen la mejor relación calidad-precio. En este caso, el diseño del proceso anuló la competencia efectiva:

• Un único oferente en la evaluación final: De tres propuestas presentadas, dos fueron eliminadas antes de calificar sus ofertas. El Consorcio Ilumina Cali 2026 no logró subsanar requisitos, y la Unión Temporal Cali Inteligente fue rechazada por un rigorismo extremo: de 33 correos y 114 archivos enviados, 3 correos ingresaron pocos minutos después de la hora de cierre (hasta las 4:35 p.m.). Todo montado por el gerente Roger Mina y su equipo.
• Adjudicación sin rival y con baja calificación técnica: Al quedar solo en contienda, el Consorcio AP Santiago de Cali obtuvo automáticamente el puntaje máximo en la oferta económica (39,5 puntos) y ganó con 90 puntos, a pesar de haber obtenido apenas la mitad del puntaje (10 de 20) en el criterio técnico de “Grado de Protección” de las luminarias que iluminarán la ciudad.
• Reglas a la medida: EMCALI eludió la aplicación plena de la Ley 80 de 1993 acudiendo a un régimen de “Contratación Especial Exceptuada” creado mediante una resolución interna (Resolución GG No. 100000228 de 2026).

Alertas de los entes de control y desprecio por el escrutinio Público

La respuesta confirma que el proceso estuvo plagado de improvisaciones y alertas institucionales que respaldan las preocupaciones ciudadanas:

• Once adendas y saneamientos de última hora: La necesidad de expedir 11 adendas y 3 actas de saneamiento, la última el 20 de octubre de 2026, apenas dos semanas antes de adjudicar, demuestra graves fallas de planeación. Esto motivó reiteradas observaciones preventivas de la Procuraduría General de la Nación y una solicitud formal de auditoría preventiva por parte de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.
•  Ante el cuestionamiento ciudadano sobre si la Contraloría de Cali ha evaluado el riesgo de detrimento patrimonial, EMCALI evadió el fondo del asunto alegando falta de competencia, dejando sin respuesta la inquietud sobre el impacto fiscal a largo plazo.
• Discriminación en el acceso a la prensa: La exclusión de varios medios como Caliescribe de la rueda de prensa de adjudicación del 3 de noviembre, bajo el argumento de priorizar medios comerciales de mayor rating (IBOPE, ECAR), vulnera el pluralismo informativo y restringe el derecho de los caleños a recibir visiones diferentes sobre el manejo de su patrimonio.

Propiedad Formal vs. Control Material del Servicio

EMCALI argumenta que los ciudadanos no pierden nada porque el Distrito conserva la “propiedad” de las luminarias y el privado solo tiene la “mera tenencia”. Sin embargo, en la práctica:

• El privado controlará la operación, el mantenimiento y el corazón tecnológico del sistema durante dos décadas, mientras EMCALI deberá aportar su propio personal, maquinaria y equipos para la administración y supervisión, asumiendo costos operativos adicionales que no fueron cuantificados en la respuesta.
• Además, el contrato establece que la reposición de equipos que aumenten su vida útil (como sensores y medidores, cuya vida útil se fijó en 10 años dentro de un contrato de 20) se pagará como nueva inversión (CINV). Esto expone a los contribuyentes caleños a pagar dos veces por la actualización tecnológica durante la vigencia de la alianza.

Derechos Ciudadanos Frente a la Gestión de EMCALI

Dimensión del Proyecto	Postura de EMCALI	Impacto en el Ciudadano (Dueño y Contribuyente)
Propiedad y Financiación	El privado invierte $437.736 millones y el Distrito conserva la propiedad de los activos.	El ciudadano paga todo: El proyecto se financia 100% con el Impuesto de Alumbrado Público de los caleños, comprometiendo más de $5 billones a 20 años.
Costo Real del Negocio	Se destaca la oferta inicial de inversión y se asegura que no subirán las tarifas.	Opacidad financiera: El costo total es “indeterminado” (faltan 20 años de mantenimiento y programas opcionales) y el modelo financiero se mantiene oculto bajo reserva.
Transparencia y Control	Todo está publicado en SECOP II y fue acompañado por entes de control.	Se oculta quiénes son los accionistas reales del consorcio ganador y se ignoran las alertas de 11 adendas, 3 saneamientos y auditorías preventivas.
Competencia y Calidad	Proceso abierto y competitivo regido por resolución interna.	Un único oferente habilitado ganó sin competencia económica real y con apenas el 50% de puntaje en grado de protección técnica.
Participación y Prensa	Se priorizaron medios masivos por capacidad logística.	Restricción al escrutinio: Se excluyó a la prensa independiente y crítica del espacio presencial de rendición de cuentas.

Ruta de Defensa Ciudadana y Control Social

Frente a la inminente firma del contrato y el inicio de su ejecución, los ciudadanos de Cali, en su calidad de propietarios del sistema y contribuyentes, cuentan con herramientas constitucionales y legales para exigir la protección de su patrimonio:

1. Exigencia de Levantamiento de Reserva (Recurso de Insistencia): De conformidad con la Ley 1712 de 2014 (artículo 26), los ciudadanos y periodistas pueden interponer el recurso de insistencia ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que un juez ordene a EMCALI entregar la composición accionaria de los contratistas y el modelo financiero completo, levantando una reserva que carece de sustento legal frente al interés público.
2. En ejercicio del derecho constitucional a tutelar el acceso a la información pública (artículos 23, 74 y 86 de la Constitución Política) y de manera complementaria mediante el recurso de insistencia de la Ley 1712 de 2014 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, los ciudadanos deben acudir ante los jueces para que ordenen a EMCALI entregar de fondo la composición accionaria de los contratistas y el modelo financiero completo. Obtener esta documentación es indispensable para completar las pruebas requeridas para sustentar la Acción Popular.
3. Acciones Constitucionales Preventivas (Acción Popular): Una vez recaudadas las pruebas documentales y financieras mediante la vía constitucional, interponer una Acción Popular (artículo 88 de la Constitución y Ley 472 de 1998) en defensa de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público, con el fin de suspender o corregir cláusulas lesivas, sobrecostos en la tasa de retorno (WACC del 12,09%) o riesgos de doble pago por reposición de activos.
4. Denuncia ante la Procuraduría General de la Nación, solicitar investigación disciplinaria contra el Gerente General y los funcionarios directivos responsables de la estructuración, evaluación y adjudicación por presuntas faltas gravísimas en la contratación estatal (artículo 54 de la Ley 1952 de 2019 – Código General Disciplinario). Específicamente, se debe investigar: (i) en la etapa precontractual, el uso de un régimen de Contratación Especial Exceptuada (Resolución GG No. 100000228 de 2026) para eludir los controles estrictos de la contratación pública ordinaria en un negocio de $437.736 millones, la expedición de múltiples adendas y un Acta de Saneamiento No. 3 (20 de octubre de 2026) tras advertencias de la propia Procuraduría, y la desigualdad en el trato a los oferentes (habilitando tras subsanación al único consorcio restante mientras se eliminó a los otros dos competidores); y (ii) en la etapa contractual, la adjudicación de un contrato a 20 años con valor total indeterminado, sin techo presupuestal cerrado para la operación y mantenimiento (CAOM) y dejando abiertos programas opcionales de inversión (autogeneración y TIC) que comprometen indefinidamente el recaudo tributario de los caleños sin la debida certeza financiera ni autorización fiscal clara.
5. Simultáneamente, los ciudadanos deben radicar una queja disciplinaria formal ante la Procuraduría General de la Nación contra el Gerente General de EMCALI, Roger Mina, por presunta falta disciplinaria derivada de la obstrucción injustificada al acceso a la información pública (artículos 23 y 74 de la Constitución Política y Ley 1712 de 2014). Ocultar bajo una supuesta reserva el modelo financiero completo de un negocio que compromete los recursos públicos de los caleños hasta el año 2045, así como haber desatendido o sorteado mediante saneamientos tardíos las advertencias preventivas emitidas por el propio Ministerio Público antes de adjudicar un contrato por $437.736 millones, constituye una conducta que debe ser investigada y sancionada para garantizar la moralidad administrativa y la responsabilidad de los servidores públicos en el manejo del patrimonio colectivo

El alumbrado público de Cali es un patrimonio construido y sostenido con el esfuerzo tributario de generaciones de caleños.

La respuesta de EMCALI demuestra que la administración ha priorizado la confidencialidad del contratista privado y la flexibilidad contractual por encima del derecho de los ciudadanos a conocer el costo real, los beneficiarios finales y las condiciones financieras de un negocio que compromete sus impuestos hasta el año 2045. Solo una ciudadanía vigilante, organizada y dotada de herramientas jurídicas podrá evitar que esta alianza estratégica se convierta en una captura prolongada de los recursos públicos de la ciudad.

Adjunto: Respuesta oficial de EMCALI E.I.C.E. E.S.P. (Consecutivo 5000612502026 del 10 de noviembre de 2026) al derecho de petición presentado por el Ing. Ramiro Varela M. sobre la Invitación No. 500-CCE-001-2026.