Redacción
El llamado Libro de la Verdad, presentado el 18 de agosto por el presidente Abelardo de la Espriella ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, no es solo un balance político del gobierno anterior. Es un inventario de hechos identificados durante el proceso de empalme y puestos en conocimiento de las autoridades.
El documento tiene 135 páginas y reúne 82 casos identificados durante el empalme, coordinado por el vicepresidente José Manuel Restrepo, con la participación de más de 1.200 profesionales. El Gobierno advierte que los hallazgos no equivalen a condenas: corresponde a la justicia establecer si hubo delitos y quiénes serían responsables.
Sin embargo, algunos asuntos no quedaron como observaciones administrativas. Ya fueron trasladados como denuncias penales.
Los casos que llegan a la Fiscalía
Entre los expedientes aparece la Agencia Nacional de Tierras y la reforma agraria. Según el informe, se giró alrededor de un billón de pesos para adquirir 537 predios y solo tres tendrían titulación y escritura registrada a favor de la Nación. El equipo de empalme anunció denuncia penal y acción fiscal. La pregunta es qué recibió realmente el Estado por esos recursos.
Otro expediente corresponde a Caminos Comunitarios para la Paz. El informe señala giros superiores a $612.000 millones a Juntas de Acción Comunal con bajos niveles de ejecución. En Antioquia, seis convenios por $2.289 millones habrían recibido el 100 % de los recursos mientras registraban cero avance físico. El caso fue llevado a la Fiscalía.
También aparece el contrato de CODALTEC para sistemas antidrones, por $60.300 millones, frente al cual se presentó denuncia penal y queja disciplinaria por discrepancias en costos, alcance y especificaciones técnicas. A esto se suma el caso C.I. MEPRECOL, donde el equipo reportó retiros masivos de efectivo después de giros relacionados con compra de oro y transferencias a cooperativas intervenidas.
En Canal Trece y la Agencia Nacional de Tierras se denunció penalmente un convenio de $17.003 millones en el que, según el informe, se subcontrató la totalidad de las actividades mientras se conservaron cobros por intermediación. En la Agencia de Desarrollo Rural se presentó una denuncia penal por presunto prevaricato por acción contra una resolución que declaró hábil un día posterior al cambio de Gobierno para comprometer contratos.
El tamaño del problema
El libro también revisa la UNGRD. El informe cuestiona la ejecución de recursos y señala dificultades para establecer la trazabilidad de cerca de $1,38 billones. También denuncia una denominada “nómina paralela” cercana a 900.000 contratistas y un posible pasivo contingente superior a $5 billones. Estos datos no prueban delito, pero plantean asuntos que deben investigarse.
La dimensión fiscal aparece igualmente en FonIgualdad, FOMAG, Air-e, La Guajira y el manejo de la deuda pública. Son asuntos que pueden generar responsabilidades fiscales, disciplinarias o, dependiendo de las pruebas, penales.
El verdadero examen comienza ahora
El valor del Libro de la Verdad no estará en su presentación política, sino en lo que ocurra después. La Fiscalía deberá investigar, la Contraloría establecer eventuales daños patrimoniales y la Procuraduría determinar responsabilidades disciplinarias.
El Gobierno de De la Espriella ha entregado los expedientes. Ahora comienza la etapa de convertir los hallazgos en pruebas judiciales.
Denunciar un posible delito no es demostrarlo. Si hubo irregularidades penales, Colombia necesita saber quién decidió, quién contrató, quién recibió y quién permitió que ocurriera.
El empalme terminó. La investigación comienza.
