Como pelea de boxeo, escenario en Emcali y el Concejo Municipal. En una esquina está Roger Mina, gerente de Emcali, autorizado por el alcalde Alejandro Eder y la Junta Directiva para avanzar en el proceso de selección del aliado estratégico del alumbrado público. En la otra, el concejal Roberto Ortiz, , aliado circunstancialmente por 2 concejales más, él desde hace más de un semestre cuestiona el proceso y advierte sobre un presunto direccionamiento del contrato.
La pelea apenas en el primer asalto de tres. Hay intercambio de golpes. Mientras uno sostiene que el proceso es transparente, con apoyo del alcalde, el otro insiste en que existe un favorecimiento previo.
Los primeros jabs
La campana sonó el 20 de febrero de 2026. Roger Mina presentó la modernización tecnológica del alumbrado. “El reemplazo de 100.000 luminarias convencionales por unidades LED de última generación permitirá un ahorro de aproximadamente 17.000 millones de pesos al año en consumo energético y contribuirá a reforzar la percepción de seguridad.”. Tres meses después, el 22 de mayo, explicó el modelo contractual ante representantes de la Contraloría, Procuraduría y Personería. “A través de proceso abierto y competitivo busca definir un aliado estratégico para intervenir el alumbrado público de Cali, fortaleciendo la seguridad, la movilidad, la eficiencia energética y la sostenibilidad.”
Ortiz conecta el primer gancho
El 9 de julio de 2026, Roberto Ortiz pidió a los organismos de control suspender el proceso y revisar la invitación pública de Emcali: “Es un cheque en blanco.”. “Quieren privatizar el negocio.” “A solo días de que el próximo 27 de julio se entregue por 20 años el alumbrado público de la ciudad a un particular, mediante un millonario contrato de más de 5 billones de pesos que Emcali podría asumir perfectamente; surge una pregunta que nadie quiere responder: si es tan buen negocio para un privado, ¿por qué no puede serlo para la empresa de todos los caleños?”. “Es extremadamente grave el silencio del alcalde Alejandro Eder… este tipo de decisiones tomadas a puerta cerrada, sin suficiente debate público, pone en riesgo el patrimonio de los caleños, compromete el servicio durante dos décadas y genera serias dudas sobre quiénes serán los verdaderos beneficiados.”
Desde entonces, cada intervención del concejal ha sumado cuestionamientos. En ocasiones presenta información que, según sostiene, proviene de personas cercanas al proceso o de aspirantes al contrato.
Roger responde
El 19 de junio, antes de que aumentaran las críticas, Mina destacó los avances del programa. “Nosotros en algo más de año y medio modernizamos el 30% del alumbrado público de la ciudad (60.000 luminarias), algo récord que no se había hecho en los últimos 20 años. Sobre esta infraestructura se podrán instalar sensores ambientales, cámaras y otros sistemas tecnológicos.”
Cuando crecieron los señalamientos, el gerente decidió acudir también a la vía judicial. El 6 de julio, acompañado por ( abogado cuestionado ) Luis G. Moreno, anunció acciones por injuria y calumnia. “No todo vale en el ejercicio del control político. Las afirmaciones que acusan sin pruebas la manipulación del proceso atentan contra la honra, el buen nombre, el debido proceso y la seguridad personal.”
Golpe y respuesta
Los días 16 y 19 de julio, Ortiz insistió en que el contrato tendría un destinatario definido. Mina respondió: “Esos señalamientos de un presunto favorecimiento carecen por completo de sustento. Hasta el momento no existe ninguna evidencia que pruebe la entregada direccionada del contrato. El proceso busca un aliado estratégico bajo criterios transparentes y estrictamente técnicos.” . Uno habla de un contrato “amarrado”. El otro responde que no existe evidencia de direccionamiento.
El Concejo sin campana
El 31 de julio de 2026, Roger Mina asistió al Concejo de Cali para participar en el debate de control político convocado sobre el proceso contractual. Pero la sesión no pudo realizarse. Solo asistieron siete de los veintiún concejales. No hubo quórum, lo que indica ó una desautorización a Ortiz o rebuscar negocio en rio revuelto.
Roger Mina aprovechó para reiterar su posición. Entre el 31 de julio y el 1 de agosto afirmó: “Emcali mantiene las puertas abiertas a los entes de control (Procuraduría y Contraloría). El proceso de la alianza estratégica es público, auditado y ajustado al marco legal vigente.”. También insistió en distintos medios en que el modelo no representa una privatización del alumbrado público.
El combate continúa
El 5 de agosto, Ortiz volvió a pedir que Mina compareciera ante el Concejo, a destiempo, porque ya hubo comparecencia, fallida en el cabildo.. “El lugar institucional, el sitio, es el Concejo de Cali”. “No, señor Roger Mina. Aquí es donde debemos debatir los problemas que afectan a la ciudad y que afectan a los caleños.” “Deje de estar como cualquier pandillero, gavillero, escondido por allá, mandando mensajes como cualquier persona lo hace. Usted es el gerente de Emcali, usted es el que tiene que venir a hablar acá.” “Esta invitación pública supuestamente amañada ya tiene un consorcio que se la va a ganar.” “Parece estar diseñado para favorecer a un oferente.”
Final del primer asalto
El 4 de agosto, Roger Mina respondió a las críticas sobre la cifra de cinco billones de pesos. “El alumbrado público de la ciudad no se está privatizando. Es falso que el eventual aliado se vaya a llevar $5 billones. La realidad técnica y financiera es que el aliado invertirá $450.000 millones de su bolsillo en 24 meses para cambiar las luminarias.”. “En 20 años, la remuneración por esa inversión será de $1,7 billones bajo la tasa de retorno autorizada por la CREG (12,09%), más la operación y mantenimiento. De este modelo, a EMCALI le quedará más de $1 billón en ingresos netos.”
La campana marca el final del primer asalto. Mina mantiene su defensa apoyado en argumentos técnicos, jurídicos e institucionales. Ortiz continúa cuestionando el proceso y anunciando nuevos golpes políticos, sin resultados. El combate sigue abierto, el alcalde reitera el apoyo a Roger y a Emcali y los dos asaltos restantes definirán si las denuncias prosperan o si la defensa de Emcali logra sostenerse.
El combate deja una escena conocida en Emcali.
Durante las últimas 3 décadas, sus contratos han terminado en negocios con particulares que han sido objeto de denuncias, investigaciones o controversias públicas. Desde Termoemcali en 1996 , que quebró a Emcali billonariamente , hasta la Invitación Pública 900-IPU-0148-2024 para la modernización del alumbrado público, por $93.309 millones, cuestionamientos por presunto direccionamiento, posibles sobrecostos e inconsistencias contractuales y ahora el alumbrado 2026 ( Alcalde Eder )
Antes los escandalos del contrato del cable submarino año 2014 por US21 millones ( alcalde Guerrero ), ontratos años 2018 y 2019, de construcción de sistema de captación del río Cauca – filtración en lecho de río por más de $30.000 millones (Armitage) . Contrato año 2020 de alumbrado navideño por $10.300 millones y contrato Unión Temporal AMI (de Medición Avanzada energia) $215.879 millones ( Ospina )
En ese recorrido se repite la imagen: cuando llegan contratos grandes, el control político que la C.N. asigna al Concejo, suele perder fuerza. Esta vez, el símbolo fue el recinto semivacío del 31 de julio de 2026, sobre el futuro del alumbrado público. La campana apenas cerró en las graderías ya quedó instalada una pregunta que supera a Roger Mina y a Roberto Ortiz: ¿quién vigila, con toda su capacidad institucional, las decisiones que comprometen durante décadas el patrimonio de la ciudad?.
