Cumplidos dos años y medio de la administración del alcalde Alejandro Eder, es posible realizar un balance de su gestión a partir de los principales hechos que han marcado este período. El gobierno llegó con un amplio respaldo ciudadano y la promesa de recuperar la institucionalidad, ordenar las finanzas, mejorar la seguridad y reactivar los grandes proyectos de Cali. Sin embargo, los resultados muestran avances en algunos frentes, pero también dificultades de gestión, problemas estructurales sin resolver y decisiones que han generado críticas y desgaste político.
Lo bueno: recuperación institucional y liderazgo de ciudad
La administración de Alejandro Eder inició con un mensaje de esperanza, orden, reconciliación y recuperación institucional que despertó altas expectativas entre los caleños. Se destaca su disposición al trabajo, la capacidad de gestión ante diferentes instancias gubernamentales y su liderazgo en la representación de Cali en escenarios internacionales como la COP16.
También son reconocidos los esfuerzos iniciales para fortalecer la seguridad, promover el civismo, recuperar la confianza en las instituciones y proyectar nuevamente a Cali en el ámbito nacional e internacional. En el ámbito administrativo, se valora la intención de fortalecer a EMCALI, impulsar una mayor transparencia en la gestión pública y combatir prácticas de corrupción heredadas de administraciones anteriores.
Lo malo: dificultades de gestión y problemas estructurales sin resolver
Los mayores cuestionamientos se concentran en la gestión administrativa. Se señala la limitada experiencia del equipo de gobierno en la administración pública local y la conformación de un gabinete que ha mostrado inestabilidad y dificultades para consolidar políticas de largo plazo.
Entre las decisiones más controvertidas figuran el endeudamiento cercano a $3,5 billones, la presentación de proyectos aún sin estudios definitivos, el manejo del marco fiscal después de advertir sobre una supuesta quiebra del Distrito y la ausencia de soluciones estructurales para problemas históricos como el MIO, la valorización, las Megaobras y la sostenibilidad de las finanzas públicas.
También persisten críticas por la continuidad de la contratación mediante prestación de servicios, que alcanza cerca de 15.000 contratistas entre la administración central y las entidades descentralizadas. A ello se suman los problemas de seguridad, reflejados en los niveles de homicidios, las dificultades de movilidad, la limitada participación ciudadana y el lento avance de varios proyectos estratégicos para la ciudad.
Lo feo: alta rotación del gabinete y pérdida de confianza
Uno de los aspectos más cuestionados ha sido la inestabilidad administrativa. Dependencias como Bienestar Social y Comunicaciones han registrado hasta cinco cambios de dirección; Planeación y Desarrollo Económico, cuatro; y varias secretarías más han tenido tres relevos durante el mismo período, situación que ha afectado la continuidad de las políticas públicas y la ejecución de los programas.
A ello se suma la percepción de una brecha entre las promesas formuladas durante la campaña y las decisiones adoptadas en el ejercicio del gobierno. También se han presentado cuestionamientos por presuntos casos de corrupción que involucraron a funcionarios cercanos al alcalde, además de frecuentes cambios en el gabinete y señales de continuismo administrativo.
Como consecuencia, se percibe un deterioro en la credibilidad institucional y una menor capacidad de liderazgo para enfrentar asuntos estructurales como la crisis fiscal, la actualización del POT, el futuro del MIO, las Megaobras y otros proyectos estratégicos. De mantenerse estas condiciones, la gobernabilidad y la confianza ciudadana podrían verse aún más afectadas en la recta final del mandato.
