La crisis estructural del MIO y las dudas sobre la financiación de su renovación
La crisis del sistema de transporte masivo de Cali, MIO, no es reciente. Desde 2005, el Concejo ha analizado múltiples documentos CONPES sin resultados definitivos. En ese proceso se expidieron los acuerdos 192 de 2006 y 224 de 2007, orientados a garantizar el cierre financiero y presupuestal del sistema, mandato que no se ha cumplido de forma sostenida. En más de dos décadas, el tema ha sido objeto de al menos 25 acuerdos municipales y reiterados debates de control político.
Cambio en el modelo de provisión de flota
La reconfiguración contractual derivada de los acuerdos conciliatorios de 2024 trasladó a Metro Cali S.A. la responsabilidad de adquirir y suministrar los vehículos bajo titularidad pública. El objetivo es mejorar la operación y la calidad del servicio. Sin embargo, la medida se adoptó sin una fuente económica plenamente soportada legalmente para la compra de buses eléctricos, lo que genera interrogantes sobre su ejecución.
Fuente de financiación y vacíos jurídicos
La programación de recursos se vincula al Acuerdo 0563 de 2023 (administración Ospina ) , que permitió destinar la sobretasa a la gasolina a la sostenibilidad del sistema e incluye la creación de un fondo-cuenta. Esta fuente de financiación es incierta, como se evidencia, lo que deja abierto el debate sobre su respaldo legal y presupuestal.
Renovación de flota y contexto operativo
La decisión de incorporar 400 buses busca sostener la operación del sistema. Esta medida se da en las dificultades operativas del STM, dentro de su inviabilidad económica y financiera.
Empréstito y discusión reciente
Durante el trámite del Acuerdo 592 de 2024, que autorizó un empréstito por $3,5 billones, se planteó destinar $414.382 millones a la compra de buses. Mas de 1 año se sostuvo esta fuente. Posteriormente, la financiación se ha relacionado con el Acuerdo 563 de 2023, que se soporta en la sobrertasa a la gasolina. Es decir, pasó de pagarlo el distrito con crédito a pagarlo el ciudadano con impuestos.
Alcance de la normativa nacional
La Ley 2118 de 2021 autoriza el uso de la sobretasa a la gasolina para proyectos de transporte público, sin establecer de forma expresa la compra de flota. Una situación similar se presenta con la Ley 488 de 1998. En consecuencia, no hay una fuente legal específica definida para financiar los nuevos buses del MIO en 2024, por más que se haya utilizado en Metrocali y Bogotá.
Diagnóstico técnico y operativo
Gran parte de la flota existente ha llegado al final de su vida útil, afectando la continuidad y la calidad del servicio. La estrategia técnica contempla buses eléctricos y diésel Euro VI, ajustados a la infraestructura del MIO y compatibles con plataformas tecnológicas de operación. Sin embargo, la renovación no se limita a cambiar unidades; exige mantenimiento, integración tecnológica y capacidades operativas que no siempre se han garantizado.
Crisis económica y financiera de los operadores
El modelo original del MIO dependía de los concesionarios para renovar la flota. Hoy, con atrasos de pagos, patrimonios negativos y demandas, esa responsabilidad es inviable. La corrupción histórica, con altas comisiones en contratos de los operadores, del SIUR, MIOCABLE, y obras asociadas, ha debilitado el esquema financiero.
Cambio estructural: flota pública y comodato
Metro Cali trasladó la propiedad de los buses al sector público, vulnerando la política trazada desde el CONPES 3166 de 2002. Los operadores usarán los buses publicos bajo comodato y aplicarán descuentos en la tarifa por kilómetro, buscando aliviar el déficit estructural, mientras que la financiación se realiza con recursos locales, principalmente la sobretasa a la gasolina, sin recurrir a cofinanciación nacional o créditos adicionales.
Impacto social y limitaciones
La renovación promete mejor servicio, menos contaminación y mayor accesibilidad, respondiendo a demandas ciudadanas. Sin embargo, no resuelve la viabilidad económica y financiera del sistema, ni asegura que la gestión futura cumpla con estándares de control y transparencia.
Riesgos jurídicos y administrativos
Desde una perspectiva jurídica y técnica, la adquisición de buses sin el cierre financiero y presupuestal como lo ordena el Acuerdo 224 de 2007 y con recursos de sobretasa, no claros legalmente. implica riesgos de responsabilidad fiscal y disciplinaria. El MIO sobrevive operativamente, pero su estado estructural sigue crítico, sigue incendiado y la carga de las decisiones recae sobre futuras administraciones.
*Investigación soportada en documento de Metrocali adjunto
