Al cumplirse dos años del período 2024–2027, es decir, la mitad del mandato, el balance del Concejo de Santiago de Cali, es preocupante y estructuralmente fallido. No se trata solo de omisiones políticas, sino de un incumplimiento grave de su función constitucional de control político, que ha contribuido a profundizar la crisis fiscal, institucional y de confianza de la ciudad.
Sin rigor técnico ni responsabilidad fiscal
Durante 2024 y 2025, el Concejo no actuó como contrapeso del Ejecutivo, sino como un órgano convalidante, aprobando decisiones estratégicas sin rigor técnico ni responsabilidad fiscal. En medio de una quiebra fiscal que anunció el alcalde y el cabildo ignoró, con un marco fiscal de mediano plazo inviable, se avalaron endeudamientos billonarios sin resolver los pasivos históricos: el colapso financiero estructural del MIO, el déficit de las 9 megaobras inconclusas de valorización, que son obligación de hacer y las obligaciones contractuales acumuladas. El resultado es una ciudad hipotecada, sin plan creíble de sostenibilidad.
Más grave aún es la ausencia total de control constitucional “político “efectivo. En estos dos años no se promovió ni una sola moción de censura, pese a existir causales suficientes, públicas y documentadas, contra varios miembros del gabinete municipal. Casos como los de Staaper ( Gobierno ), mas comunicaciones, Aguilar en educación , Montoya y Camacho en deporte , asociados a hechos de corrupción, con faltas graves en el ejercicio del cargo, nunca pasaron del debate retórico. El Concejo renunció en la práctica a su principal herramienta de control político, convirtiendo las citaciones en simples actos protocolarios sin consecuencias. Se salvaron por hechos aislados, Marlon Cubillos, Roberto Ortiz, Rodrigo Salazar , Maria del Carmen Londoño , y la anterior concejal, Ana Erazo.
La oposición
aunque ruidosa en declaraciones, del Pacto Histórico y verde, ha sido débil, fragmentada e ineficaz. No logró articular una estrategia de control sostenida, no construyó mayorías ocasionales para frenar decisiones lesivas, ni lideró acciones institucionales de fondo. La falta de una oposición técnica, persistente y jurídicamente sólida permitió que la administración avanzara sin rendición de cuentas real ó haciendo un maquillaje de rendición.
En el caso del MIO, el Concejo fue espectador del deterioro continuo de un sistema estructural, técnica y financieramente inviable, sin exigir una reestructuración integral. En las megaobras, aceptó la normalización del incumplimiento, trasladando la carga a los ciudadanos sin exigir responsables políticos ni administrativos. Todo ello mientras el discurso oficial negaba o minimizaba la quiebra fiscal.
La esperanza
Que el alcalde y el gobierno recapaciten, para que la coalición rectifique y el ingreso del cabildante, Sergio Mauricio Zamora, quien estuvo pocos meses y mostró destellos de cumplir su mandado como cabildante.
El balance de mitad de período es claro: el Concejo de Cali no estuvo a la altura de su mandato constitucional. Falló en controlar, falló en corregir y falló en representar el interés general. Si no hay un giro inmediato hacia el rigor, la independencia y el control real, estos dos años perdidos serán el preludio de un período completo de irresponsabilidad institucional con costos históricos para Cali.
El Concejo de Cali en 7 palabras: Control constitucional inexistente, mayoría complaciente y oposición débil
