El ingeniero Ramiro Varela Marmolejo anunció una acción popular en defensa de los derechos colectivos de los caleños, ante lo que calificó como un grave atropello institucional del Concejo Municipal de Cali. El hecho se origina en la aprobación exprés del Proyecto de Acuerdo No. 071 de 2025, que autoriza recursos por $1.7 billones para el Tren de Cercanías Cali–Jamundí, sin respetar el derecho constitucional a la participación ciudadana previa e informada. Pese a que la concejala ponente Tania Fernández Sánchez había convocado con anticipación a una sesión pública para el 5 de noviembre, sorpresivamente se citó otra reunión el 1 de noviembre a medianoche, con solo nueve horas de aviso. En dicha sesión relámpago, asistieron apenas cuatro personas, lo que excluyó de hecho a la ciudadanía. Al día siguiente, el Concejo y la Alcaldía anunciaron la aprobación del proyecto en primer debate, antes de la fecha oficial de participación, violando el principio de publicidad, transparencia y deliberación democrática.
El ingeniero Varela interpuso inicialmente una acción de tutela ante el Juzgado 14 Civil Municipal, para proteger los derechos a la participación, el debido proceso y la transparencia, reconocidos en la Constitución Política y la Ley 1757 de 2015. Sin embargo, el juez negó la suspensión provisional del trámite, pese a admitir la existencia de perjuicio, argumentando que aún restaba un segundo debate. Esta decisión, según el demandante, omitió la gravedad de la falta de participación en el primer debate, la cual constituye un vicio sustancial no subsanable, según la jurisprudencia del Consejo de Estado (Rad. 2013-00268-00 y 11001-03-24-000-2016-00227-00). Con la aprobación definitiva el 5 de noviembre, se consolidó un acto irregular que desconoce los principios democráticos y de legalidad. La experiencia histórica de Cali muestra que proyectos sin control ciudadano —Termoemcali, el MIO y las 21 Megaobras— terminaron en crisis financieras y sociales.
Por ello, Varela anuncia que la defensa ciudadana continuará ante el Tribunal Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado y, de ser necesario, la Corte Constitucional, buscando la nulidad del acto por falta de participación genuina.
Y el Concejo de Cali al dar respuesta al Juez 14 civil municipal, a travez de su dirección jurídica, no pudo enmendar el yerro garrafal, de tener menos de 24 horas para algo sagrado en las corporaciones publicas, como es la participación ciudadana. Se adjunta la repuesta del citado funcionario, pero no se precisa, su equivocación legal, que hasta lo puede llevar a la cárcel , por inducir al juez a una equivocacion,
Este caso refleja una Cali sin voz ciudadana, donde se impone la premura política sobre la transparencia y el respeto a los derechos fundamentales
