A 9 meses de terminar el gobierno de Gustavo Petro, el balance judicial se define en capturas, condenas y causas abiertas que alcanzan al Ejecutivo, al Congreso y al entorno presidencial. No se trata de episodios aislados ni de investigaciones recientes: la mayoría de estos procesos llevan más de dos años en curso y han producido decisiones judiciales concretas.
El caso central es el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La justicia estableció que desde esta entidad se usaron recursos públicos de gran cuantía, mencionados en audiencias y providencias como billones de pesos, para direccionar contratos y asegurar apoyos políticos. Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y sus equipos fueron identificados como los principales operadores del esquema, aportando información y aceptando cargos, sobre el manejo de esos recursos.
Las investigaciones alcanzaron al gabinete. Dos exministros del gobierno Petro están privados de la libertad: Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, exministro del Interior. Ambos fueron vinculados por su papel en decisiones presupuestales y políticas relacionadas con el caso UNGRD. El hecho de que exministros en funciones estratégicas enfrenten prisión marca un punto crítico en el balance judicial del gobierno.
En el Congreso, el impacto ha sido directo. Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara, fueron condenados y están en prisión. Además, otros senadores y representantes permanecen judicializados, imputados o investigados por su relación con el mismo esquema, lo que evidencia que el uso de recursos públicos para asegurar mayorías legislativas fue una práctica extendida.
La Casa de Nariño también ha sido escenario de procesos judiciales. El caso Laura Sarabia derivó en investigaciones por hechos ocurridos dentro de la Presidencia, relacionados con el uso irregular de la estructura estatal. A esto se suma la situación de Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, imputado por su presunta relación con el caso UNGRD y actualmente fuera del país, en Nicaragua, sin comparecer ante la justicia colombiana.
El entorno familiar del presidente también ha sido objeto de escrutinio judicial. Nicolás Petro, hijo del presidente, fue capturado e imputado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Aunque actualmente no se encuentra en prisión, su proceso avanza y nuevamente enfrenta un escenario cercano a la cárcel, tras decisiones judiciales que mantienen vigentes las acusaciones y las solicitudes de medida de aseguramiento. Este caso, iniciado hace más de dos años, puso bajo cuestionamiento el origen de recursos relacionados con la campaña presidencial.
El balance judicial del gobierno Petro muestra exministros y excongresistas presos, otros judicializados y recursos públicos de gran cuantía bajo investigación. Más allá del discurso, los hechos indican que fue la justicia y no el control interno del gobierno la que terminó delimitando responsabilidades y corrigiendo excesos.
