El anuncio del alcalde Alejandro Eder de crear una “Comisión de Expertos” para iniciar la ruta hacia el Metro de Cali, presentado en rueda de prensa como un giro estratégico en la movilidad de la ciudad, revela más una maniobra de distracción política que una apuesta técnica y social realista. El mandatario afirmó que Cali contaba con estudios de metro desde la administración de Ricardo Cobo, cuando en realidad dichos trabajos corresponden a la administración de Mauricio Guzmán y, además, se le recordó la que el metro ligero tuvo documento CONPES desde 1997, antes de Cobo. Este tipo de imprecisiones históricas muestran un problema mayor: se pretende instalar un imaginario de progreso sin enfrentar primero las raíces de la crisis de movilidad que hoy golpea a la ciudad.

Eder nunca planteó un metro para Cali en su campaña, ni lo incluyó en su programa de gobierno, ni aparece en el Plan de Desarrollo 2024–2027. Introducirlo ahora, sin estudios actualizados, sin cronogramas, sin estructura financiera y sin soporte normativo, es introducir una agenda paralela que desvía la atención de lo verdaderamente urgente: la actualización del Plan Vial y del plan maestro  de vías, de tránsito  y de transporte masivo, instrumentos de obligatorio cumplimiento para cualquier infraestructura mayor. Y esa es la gran debilidad social, técnica y económica del tren de cercanías, que toma parte del mercado del MIO agrava la crisis: en todos los modelos de transporte, dos sistemas que compiten por el mismo pasajero generan déficits cruzados que ninguna tarifa puede cubrir. Eso fue lo que no estudió el gobierno ni el concejo, y no dejaron que la ciudadanía lo planteara.

Por ello, lo crítico, y lo que el alcalde evita, es que el sistema MÍO está en situación o “estado comatoso” . El acuerdo de 2007 exige un cierre financiero y estructuración ordenada, pero no existen los recursos para completar las obras comprometidas: terminales inconclusas, troncales sin finalizar, conexiones viales abandonadas y estaciones vandalizadas. Con el desorden urbano acumulado, el mercado de pasajeros se desplazó hacia la informalidad: hoy la mayoría de caleños se moviliza en motos, mototaxis, vehículos informales y transporte pirata. El MÍO perdió demanda, perdió legitimidad y perdió capacidad operativa. En esas condiciones, proponer un metro es ignorar la realidad social de la ciudad.

La Comisión de Expertos anunciada por Eder academia, gremios y técnicos suena va a escuchar a expertos ciudadanos e identificar que un Metro  carece de propósito real si se monta sobre un vacío de planeación. No hay estudios previos recientes, no hay línea base, no hay diagnóstico oficial de movilidad 2024–2025, no hay actualización del Plan Maestro de Movilidad y del transporte masivo,  desde hace más de una década, no hay indicadores de flujos proyectados y no existe una entidad robusta que pueda liderar financieramente un megaproyecto que costaría entre $8 y $10 billones, cifras imposibles para una ciudad con un Marco Fiscal de Mediano Plazo declarado inviable desde 2018.

La ciudad necesita soluciones estructurales y sociales inmediatas. La movilidad en Cali no se resolverá con promesas de gran infraestructura, sino con decisiones técnicas difíciles: lograr el cierre financiero del STM, reorganizar el transporte público, recuperar el mercado para el MÍO, fortalecer la autoridad única de movilidad, regular la informalidad con criterios de inclusión social, conseguir recursos y terminar las obras inconclusas y reconstruir la confianza ciudadana. Una ciudad que no ha logrado sostener un sistema de buses integrado ( MIO )  no puede saltar directamente a un metro.

El metro es, por ahora, un espejismo político. Cali requiere verdad técnica, responsabilidad fiscal y justicia social en movilidad. Antes de hablar de trenes subterráneos, la administración debe mirar el suelo que hoy se desmorona bajo sus pies.

Ramiro Varela Marmolejo