El reciente pronunciamiento del alcalde Alejandro Eder sobre el Tren de Cercanías reabrió un debate que Cali aún no ha resuelto: la distancia entre el discurso político y la realidad fiscal, jurídica y técnica del proyecto. En una rueda de prensa en el Centro Cultural de Cali, el mandatario calificó como “afrenta contra Cali y el Valle del Cauca” la decisión del Gobierno Nacional de retirar el aval a las vigencias futuras. Sin embargo, hay un hecho incontrovertible: el Tren de Cercanías, tal como fue concebido, es financieramente inviable y jurídicamente viciado.
Eder anunció un plan de choque con 5 acciones: gestión de recursos con banca multilateral, una gira diplomática en búsqueda de países aliados, un mecanismo colectivo de financiación con el sector privado, la reactivación del convenio interinstitucional Cali–Jamundí–Valle y la incorporación de Yumbo y Palmira a los estudios de nuevos tramos. Pero estas acciones no resuelven el problema estructural que enfrentan todos los proyectos ferroviarios urbanos: su sostenibilidad financiera. Cali tiene un Marco Fiscal de Mediano Plazo insostenible, recibido en crisis y profundizado por un crédito de $3.5 billones aprobado sin una participación ciudadana real. Ante este escenario, pensar en endeudamientos adicionales por más de 8 billones de pesos sin aportes nacionales, sin cierre financiero y sin capacidad de pago tarifario es simplemente imposible.
El alcalde insiste en que el Tren puede mantenerse en marcha buscando créditos internacionales y alianzas público-privadas. Pero ningún organismo de crédito serio desembolsa recursos cuando la ciudad presenta indicadores de solvencia deteriorados, ingresos decrecientes, obras pagadas por valorización sin ser construidas y un sistema masivo (el MIO) financieramente quebrado. Además, un tren ligero que toma parte del mercado del MIO agrava la crisis: en todos los modelos de transporte, dos sistemas que compiten por el mismo pasajero generan déficits cruzados que ninguna tarifa puede cubrir. Eso fue lo que no estudió el gobierno ni el concejo, y no dejaron que la ciudadanía lo planteara.
En el plano jurídico, el Acuerdo 0621 de 2025 base de las vigencias futuras para el tramo Cali-Jamundí fue aprobado sin los estándares de participación ciudadana exigidos por la Constitución y la Ley 1757 de 2015. La ausencia de audiencias públicas reales, la falta de estudios definitivos, con prefactibilidad y factibilidad sin revisar , como pasó con el MIO y la inexistencia de un cierre financiero completo hacen que el acuerdo tenga vicios sustanciales que ya han sido advertidos por ciudadanos y expertos. Esa fragilidad jurídica es la razón por la cual ningún gobierno nacional, va a avalar créditos extranjeros y menos a cofinanciar en su situación fiscal post 2026.
A pesar de todo lo anterior, Eder invitó a los futuros candidatos presidenciales a firmar ante notaría su compromiso de financiar el Tren de Cercanías como primer acto de gobierno. Esta propuesta desconoce la institucionalidad presupuestal del país y busca convertir una obligación técnica en un gesto político simbólico. Los candidatos de 2026 recibirán un país a punto de emergencia económica y con una reforma tributaria inevitable; comprometer recursos billonarios para un proyecto sin cierre financiero sería irresponsable.
El alcalde presenta un Tren de Cercanías sostenido en expectativas, mientras la realidad fiscal, jurídica y técnica demuestra que el proyecto es hoy inviable. Cali necesita resolver déficits estructurales, fiscales y sociales, no un tren que se sostiene solo en el discurso o que solo es: un sueño sin rieles
