El ejercicio de la democracia participativa a la cual el ex presidente Cesar Gaviria denominó “democracia de participación popular” como lo dijo en su discurso de promulgación de la Constitución el 5 de julio de 1991, no constituye más que una instancia formal a la cual recurren los gobernantes para imponer sus decisiones desde las alturas del poder, las cuales se traducen por lo regular en el incumplimiento de los fines esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho consagrado en la Constitución Política, no siendo ajena a esta situación la ciudad de Cali, particularmente en los últimos 34 años.
Entretanto en la ciudad se profundizan las contradicciones y conflictos sociales generándose con ello un Estado de inseguridad y de inestabilidad política seguido de un aumento de la pobreza, el desempleo, la informalidad, etcétera, que han deteriorado las condiciones económicas y sociales del pueblo caleño.
Uno de los fines esenciales del Estado Social y democrático de Derecho consagrado en la Constitución, es precisamente la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, base de la democracia participativa. Los gobernantes no crearon las condiciones para que los caleños en general sean quienes analicen, discutan las políticas de los gobernantes de turno y tomen las decisiones que más convengan a la ciudad y a sus habitantes.
La aplicación de planes de desarrollo que no se discuten abiertamente con los caleños hace parte de la práctica inveterada de acordar diversos planes y programas que se aprueban bajo la apariencia del cumplimiento de la Constitución y la ley, pero que en el fondo transgreden los principios y fines del Estado Social y Democrático de Derecho.
Dicha situación ha conducido a un deterioro sustancial de la administración y de varias de las instituciones y empresas de la ciudad como EMCALI y METROCALI, en tanto cunden el caos y la anarquía en movilidad, transporte, aumentan las invasiones a predios y al espacio público en general, se deteriora el medo ambiente natural y las fuentes hídricas que nutren el acueducto del río Cali sumidas en la contaminación con la extensión de la minería ilegal en el parque Nacional Natural Los Farallones de Cali.
Entretanto se continúa con la política de incrementar los avalúos catastrales y con ello los impuestos predial y de Industria y Comercio, con el propósito de aumentar su recaudo que ya no son suficientes para suplir los gastos que realizan los mandatarios de turno para costear la frondosa burocracia y la contratación oficial con los denominados prestadores de servicios PS, a través de los cuales se vincula a la clientela política del alcalde.
Por otra parte, el denominado tren de cercanías, que según se dice, “transformará vidas siendo el proyecto de movilidad de mayor inversión en el suroccidente colombiano y una oportunidad para llevar equidad a la población y potenciar el desarrollo con sostenibilidad”;, avalado por la gobernadora del Valle del Cauca y el alcalde de la ciudad, se erige como la obra más importante del suroccidente colombiano, cuyo costo de doce billones de pesos generará una carga fiscal de grandes proporciones para la ciudad de Cali, en tanto que su sostenibilidad demandará de ingentes recursos económicos y financieros, sí para tal efecto no se toman las medidas y precauciones que llevaron al transporte masivo MIO a la crisis económica, financiera y operativa que continúa incidiendo en su propia existencia y desarrollo.
La idea de un buen servicio de transporte público que una a Cali con las ciudades circunvecinas es importante. Sin embargo, la pregunta que deben responder los caleños es: ¿en función de qué, se proyecta esa obra con las características que solo la dirigencia gremial y parte de la clase política pretenden?
En cuanto a la reducción de los tiempos de viaje con el tren de cercanías, no deja de ser más que un deseo, pues la realidad demuestra que estos sistemas impuestos por un sector, no alcanzan el punto de equilibrio., debiendo el Estado mediante impuestos, tarifas, tasas, sobre tasas, asumir los sobrecostos., como sucede con el MIO.
La existencia del cronograma no determina la culminación del proyecto en los tiempos presupuestados, existiendo variables no tenidas en cuenta por los agenciadores del proyecto que inciden directamente en su cumplimiento en los tiempos previstos en el papel.
Así mismo, resulta totalmente equivocada la política que se adelanta en torno a la construcción de vivienda cuyo déficit habitacional crece sistemáticamente a la vez que se autoriza la construcción de miles de apartamentos y casas en el sur de la ciudad, a la par que se adelantan planes y programas de renovación urbana en el centro que tan solo beneficiarán a un puñado de comerciantes y de propietarios que invierten en propiedad raíz con miras a obtener rentas de capital mediante el alquiler de las viviendas o la venta de las mismas por un mayor precio del que son adquiridas, proyectos no discutidos previamente con los caleños ni siquiera con los afectados con las obras.
Conviene señalar que la recuperación de la ciudad en interés de todos los caleños no puede limitarse a la realización de ciertos cambios cosméticos como los que se realizan en la plaza de Caycedo y en el barrio Obrero, que fuera de llenar con obstáculos las carreras 5 y 4 y de pintar de diversos colores andenes y fachadas, poco o nada contribuyen a mejorar su entorno y frente a las cuales los caleños en general no participan en tanto que la democracia no deja de tener más que un carácter formal y limitado que permita adelantar una verdadera discusión sobre sus problemas desde el punto de vista económico, político, social, cultural ambiental.
