El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habría sido identificado como un “objetivo prioritario” por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), de acuerdo con reportes periodísticos internacionales encabezados por The New York Times y Los Angeles Times.
Según estas publicaciones, la clasificación se da en el marco de diversas investigaciones que indagan posibles vínculos con el narcotráfico. Los informes se basan en documentos oficiales y testimonios de fuentes familiarizadas con el caso, incluyendo informantes confidenciales.
De acuerdo con lo revelado, el mandatario colombiano habría aparecido en indagaciones desde el año 2022. Las pesquisas mencionan supuestos contactos con organizaciones criminales, entre ellas el Cártel de Sinaloa, así como hipótesis relacionadas con su política de “paz total”, que —según las fuentes— podría haber beneficiado a actores del narcotráfico.
La categoría de “objetivo prioritario” dentro de la DEA se reserva para personas consideradas de alto impacto en el tráfico de drogas. En ese contexto, los reportes mencionan presuntas maniobras vinculadas al contrabando de cocaína y fentanilo a través de puertos colombianos.
Paralelamente, fiscales federales en Nueva York, específicamente en Brooklyn y Manhattan, estarían adelantando una investigación preliminar. Como parte de este proceso, se han realizado interrogatorios a narcotraficantes con el fin de establecer posibles conexiones con el entorno del presidente.
Una de las líneas de investigación incluye denuncias sobre supuestos sobornos a narcotraficantes recluidos en la cárcel La Picota, en Bogotá, a quienes se les habría ofrecido interceder para evitar su extradición a Estados Unidos.
No obstante, hasta el momento no existe evidencia concluyente que vincule directamente a Petro con actividades delictivas. Las investigaciones se encuentran en una fase inicial y no se han presentado cargos formales.
El presidente ha rechazado de manera reiterada todas las acusaciones y ha señalado que su gobierno mantiene una lucha frontal contra los grandes carteles del narcotráfico, al tiempo que impulsa políticas diferenciadas para los campesinos cultivadores de coca.
