El presidente Gustavo Petro, en su recorrido por distintas regiones del país, ha vuelto a poner sobre la mesa una de sus propuestas más ambiciosas: convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Desde La Dorada-Caldas, señaló que su intención es que este mecanismo se active en el último año de su mandato. Según sus palabras, el objetivo no es retórico, sino práctico: lograr que el “Estado Social de Derecho” deje de ser una simple fórmula jurídica y se convierta en una realidad concreta, reflejada en el presupuesto, en las obras y en la vida cotidiana de los colombianos.
La propuesta, sin embargo, llega en un momento clave y genera intensos debates. Petro plantea que esta Constituyente podría nacer de una consulta popular, con el fin de dotar de legitimidad a un proceso que transformaría el marco político e institucional del país. Para el mandatario, la urgencia es que las promesas de igualdad y justicia social se materialicen “ahora”, y no queden aplazadas indefinidamente.
El anuncio no sorprende del todo, ya que a lo largo de su gobierno Petro ha lanzado una gran cantidad de propuestas y reformas estructurales en materia de salud, educación, transición energética, reforma laboral y pensional. La Constituyente aparece como un mecanismo para darle sustento constitucional a su proyecto de cambio. Sin embargo, la magnitud de este planteamiento, unido al limitado tiempo que le resta en la Casa de Nariño, genera incertidumbre sobre la viabilidad real de la iniciativa.
En La Dorada, Petro buscó sintonizar con las comunidades al presentar su idea como una urgencia nacional y no como una apuesta ideológica. La convocatoria de una Asamblea Constituyente no solo depende de la voluntad presidencial, requiere de consensos políticos amplios y de un clima social que legitime un cambio de esa envergadura.
Una de las críticas hacia Petro ha sido la improvisación en su manera de gobernar. Sus anuncios suelen ser sorpresivos y muchas veces no están acompañados de rutas claras de ejecución. Aunque plantea la Constituyente como un medio para consolidar el Estado Social de Derecho, no ofrece aún un cronograma detallado.
La consulta popular que propone Petro, podría convertirse en un mecanismo de legitimidad, pero también en un factor de polarización. Lo que está en juego no es solo la posibilidad de un nuevo pacto social, sino la coherencia de un gobierno que enfrenta el desafío de concretar sus promesas en el poco tiempo que le queda. La gran pregunta que queda en el aire es si esta Constituyente es una verdadera ruta de cambio o una más de las muchas iniciativas lanzadas al viento, que terminan diluyéndose en el debate político sin mayor ejecución.
