Colombia enfrenta en 2026 uno de los mayores riesgos energéticos de las últimas décadas. El crecimiento de la demanda eléctrica, la ausencia de nuevos proyectos de generación y las dificultades regulatorias y ambientales han llevado al sistema energético nacional a operar con márgenes cada vez más reducidos de energía en firme. La preocupación ya no se limita únicamente al sector eléctrico: un eventual apagón tendría consecuencias directas sobre el crecimiento económico, la industria, el empleo y la estabilidad del país.
A 22 de mayo de 2026, diferentes análisis técnicos del sector advierten que Colombia podría enfrentar márgenes negativos de energía en firme durante los próximos años si no se aceleran las inversiones en generación eléctrica. La energía en firme es la capacidad real que tiene el sistema para garantizar suministro continuo incluso en períodos críticos, como fenómenos de El Niño o temporadas de baja hidrología. Cuando el sistema pierde ese margen de respaldo, aumenta el riesgo de racionamientos o apagones.
Actualmente, Colombia depende en cerca del 68% de generación hidráulica, mientras que la generación térmica representa alrededor del 28% y las energías renovables no convencionales, como solar y eólica, apenas alcanzan participaciones cercanas al 4%. Aunque el país ha avanzado en proyectos solares y eólicos, el crecimiento no ha sido suficiente para cubrir la demanda futura ni compensar los retrasos en grandes proyectos energéticos.
La capacidad instalada del sistema eléctrico colombiano supera actualmente los 20.500 megavatios. Sin embargo, la demanda máxima de energía ya supera los 11.000 megavatios en horas pico. Expertos del sector advierten que para 2030 Colombia necesitará incorporar al menos 6.000 megavatios adicionales para evitar riesgos de desabastecimiento.
La demanda de energía en Colombia continúa creciendo cerca del 2,5 % anual impulsada por la expansión urbana, el crecimiento industrial y la electrificación de distintos sectores de la economía. El consumo nacional de energía supera los 80 teravatios hora anuales y podría acercarse rápidamente a los 100 teravatios hora en la próxima década si la economía mantiene ritmos moderados de crecimiento.
Sin embargo, la entrada de nuevos proyectos ha sido lenta debido a problemas ambientales, conflictos sociales, dificultades de licenciamiento y falta de señales claras para los inversionistas. Más de 40 proyectos energéticos presentan retrasos administrativos o jurídicos, especialmente en regiones estratégicas como La Guajira.
El riesgo económico de un apagón sería considerable. Distintos cálculos del sector energético estiman que una interrupción prolongada del servicio eléctrico podría representar pérdidas cercanas al 1,7% del PIB colombiano. Esto equivaldría a impactos económicos superiores a 25 billones de pesos dependiendo de la duración y extensión del racionamiento. Solo un día de interrupción masiva del sistema eléctrico podría generar pérdidas superiores a 250 mil millones de pesos por afectaciones industriales, comerciales y logísticas.
Sectores como manufactura, comercio, salud, telecomunicaciones y transporte serían algunos de los más afectados. La industria colombiana depende de procesos continuos de producción y cualquier interrupción eléctrica genera pérdidas inmediatas en productividad. Más del 35 % de la producción industrial nacional depende de operaciones continuas de energía. Además, un apagón prolongado afectaría el empleo, el recaudo tributario y la confianza inversionista.
Expertos del sector consideran necesario acelerar las inversiones en energía solar y eólica, pero al mismo tiempo fortalecer nuevamente la capacidad hidráulica y térmica. Colombia requiere nuevas hidroeléctricas que aumenten la capacidad de generación base y más plantas térmicas que sirvan como respaldo durante eventos climáticos extremos.
Las inversiones necesarias son billonarias. Un solo proyecto hidroeléctrico de gran escala puede superar inversiones de 10 billones de pesos y una planta térmica moderna puede requerir recursos cercanos a los 3 o 4 billones de pesos. Se estima que Colombia necesitaría inversiones superiores a 70 billones de pesos en generación y transmisión durante la próxima década para garantizar estabilidad energética.
El país también necesita fortalecer las redes de transmisión eléctrica. Muchos proyectos renovables, enfrentan retrasos porque las líneas de transmisión aún no están terminadas. El proyecto Colectora, fundamental para conectar parques eólicos al sistema nacional, acumula retrasos de varios años. Sin redes suficientes, la nueva generación no puede integrarse plenamente al sistema nacional.
La seguridad energética se ha convertido en un tema estratégico para la estabilidad económica del país. Colombia enfrenta el desafío de garantizar energía suficiente para sostener el crecimiento económico, evitar presiones inflacionarias y mantener la competitividad industrial. Si el país no acelera la expansión de su matriz energética y no ofrece mayor seguridad jurídica a los inversionistas, el riesgo de restricciones eléctricas seguirá aumentando.
