De acuerdo con los datos estadísticos suministrados por el DANE y algunas organizaciones como FEDESARROLLO relacionados con el crecimiento económico para el 2025, el mismo no pasa del 2.9, el cual resulta totalmente insuficiente para atender las necesidades económicas y sociales del conjunto de los colombianos, más allá de las especulaciones del gobierno del presidente Petro en torno a la solución de los graves problemas que enfrenta el país, más aún faltándole un año para la terminación de su mandato y en un año de carácter electoral.
Así mismo se considera que para el 2026 la tasa de crecimiento podrá fluctuar entre 2.9% y 3% anual, lo cual continúa siendo una tasa muy baja en materia de crecimiento económico.
Dichos cambios se presentan en medio de un deterioro de la inversión e inicialmente en un proceso de desaceleración y estancamiento de la economía, que poco a poco se ha superado pero sin poder solucionar los problemas reales atinentes al crecimiento y desarrollo sostenible de la economía.
El Estado y las clases dirigentes (económica y políticamente dominantes), no cuentan con la vitalidad suficiente para impulsar el crecimiento y desarrollo de la economía de las diferentes ramas y sectores de la producción nacional. Circunstancia esta que además tiene que ver con el hecho de mantener las viejas y desuetas relaciones económicas de producción que no permiten avanzar de manera progresiva en materia de crecimiento y desarrollo económico y social y que de alguna manera tendrán que ser sustituidas por otras que ayuden al país a salir de la economía extractivista y del latifundismo en el campo conjuntamente con la dependencia económica neocolonial de países como EE.UU de Norteamérica, que generan un crecimiento y desarrollo desigual entre las diferentes ramas de la economía que tan solo favorecen a los monopolios que se han apropiado de las fuentes de materias primas y del mercado nacional.
Entretanto, en la medida en que se ha enseñoreado la violencia en varias regiones del país y aumenta la polarización en medio de la lucha competitiva por el poder del Estado, se acrecienta la crisis institucional que impide cualquier avance en materia económica, política y social, al tiempo que se especula desde el gobierno con la posibilidad de implementar una especie de “capitalismo popular” para favorecer a los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad.
La crisis institucional no solo comprende las formas de gobierno del Estado colombiano caracterizado por un presidencialismo asfixiante que concentra y centraliza gran parte del poder público en cabeza de un gobernante autoritario que de acuerdo con la Constitución de 1991 funge como jefe del Estado, del gobierno, como suprema autoridad administrativa y comandante en jefe de las fuerzas militares, lo cual le permite entre otras funciones, dictar decretos leyes, ejercer funciones de justicia administrativa a través de sus agentes en cada una de las superintendencias y conformar las ternas para la elección de fiscal, defensor del Pueblo y de participar en la escogencia de una parte de los magistrados de la Corte Constitucional.
La forma como está organizado el Estado desde el punto de vista territorial y administrativo ha contribuido de manera negativa al desarrollo del principio de la descentralización administrativa y de la autonomía regional; todo lo cual deberá ser objeto de un cambio sustancial a propósito de que Colombia es un país de regiones.
Así mismo, el Congreso de la República no solo ha perdido su carácter democrático y representativo, sino peso político al imponerse el monopartidismo en manos de la coalición de gobierno, que aprueba proyectos y reformas constitucionales que en muchos casos favorecen los intereses políticos del gobierno o de los monopolios que domina el capital financiero nacional e internacional.
En cuanto a la rama judicial conviene decir que tratándose de la Corte Constitucional, dicho tribunal viene actuando como legislador bajo la figura del precedente judicial con el cual se sustituye el imperio de la ley en lo que se podría calificar como una flagrante violación al principio de legalidad y de la soberanía popular.
En este sentido, la crisis institucional que se ha consolidado con el paso del tiempo y ha tocado fondo con el actual gobierno, no solo obedece en general a la agudización de las contradicciones y conflictos sociales que se presentan en las relaciones entre los colombianos sino, a la forma y manera como se reflejan a nivel institucional tal como sucede con la politización de la justicia y la judicialización de la política, trayendo como consecuencia un deterioro en todo el orden institucional que a su vez estanca el crecimiento y desarrollo económico y social.
Corresponde a las fuerzas políticas y sociales democráticas y progresistas desarrollar las acciones políticas y sociales de transformación de esta realidad sumida en los formalismos legales y jurídicos o en el simple reformismo mediatizado por el populismo democratero que esgrimen algunos sectores políticos y que en el fondo solo generan enfrentamientos inútiles y cambios para que todo siga igual.
