Son muchos los retos sociales, económicos, ambientales, urbanísticos, culturales, a los que se enfrenta Cali en su 489 años y de su adecuado manejo dependerá un futuro con bienestar general y paz, armonizados con las condiciones naturales que caracterizan la ciudad, la cual no debe continuar dirigida de manera autoritaria y como una piñata para repartirse el presupuesto distrital a través de la contratación oficial que en nada ha contribuido con el progreso de la ciudad y el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de los caleños.
El crecimiento de la ciudad especialmente a partir de la primera mitad de los años 70 del siglo pasado ha sido espontáneo, con la llegada de miles de familias de otros departamentos y de la costa Pacífica atraídos fundamentalmente por dos situaciones: a) la construcción de obras con trabajo en dicho sector que no exigía mayores calificaciones y b) ser Cali, ciudad ejidal, asentándose en los terrenos destinados para los pobres en los que construyen su vivienda.
A la par del crecimiento poblacional se dio un crecimiento urbanístico en la ciudad a partir de 1971 con cambios profundos en su trazado, su composición social y cultural. Construcciones que debieron conservarse en el centro histórico de la ciudad para preservar su memoria histórica, cultural, fueron demolidas para dar paso a la construcción de grandes edificios.
Cali creció en un tiempo relativamente corto en tanto que el desarrollo económico, político y social ha estado por debajo del crecimiento urbanístico. La oferta en empleo, servicios públicos, movilidad, transporte, en la ciudad es inferior a la demanda y por ello tanta inseguridad y tantos problemas de diversa naturaleza.
El nuevo urbanismo ha contribuido a aumentar los problemas rebasando las posibilidades de las autoridades para resolverlos, como por ejemplo: el transporte, los servicios públicos, el problema del agua que empieza a plantear la necesidad de discutirlo porque hay sectores que se están quedando sin el líquido vital como Pance, sumado a la contaminación de los ríos y de más de 100 invasiones en Cali.
Las autoridades no han logrado armonizar la parte rural con la urbana. La nueva organización territorial no deja de ser más que una manera de distribuir los problemas, complicando más su solución.
En la ciudad no se discuten ampliamente las políticas públicas, los problemas ni sus posibles soluciones, se impone la “cultura” del autoritarismo precedido de “acuerdos” transaccionales con los grupos de presión de la ciudad. Y así, la gente asume la posición cómoda de la pasividad frente a lo que pasa, criticando en círculos cerrados de vecinos, pero no se organizan para hacerse escuchar y menos para tomar decisiones que el gobernante y el concejo deban cumplir.
En la parte económica, no hay un desarrollo agroindustrial que pueda aprovechar las ventajas topográficas y climáticas de la inmensa área rural del territorio distrital. En tanto, que al turismo se le considera como un factor determinante del crecimiento y desarrollo económico de la ciudad, lo cual no garantiza en la práctica el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de los trabajadores en cuanto a la creación de empleo estable y duradero y de un bienestar general ligado con la satisfacción de los intereses y necesidades de la población caleña.
En el plano político, la elección popular de alcaldes que viene desde antes de la Constitución del 91, no ha servido para generar un plan de desarrollo armónico e integral que tenga por objeto realizar obras prioritarias, al tiempo que el mismo se convirtió en una práctica electorera que no ha ayudado a sacar a la gente de los problemas, mientras que los alcaldes no han estado a la altura de las circunstancias.
El desafío para los 500 años no es proyectar obras monumentales que giren alrededor de la nueva concepción del urbanismo “gentrificador”, basado en la renovación urbana que conlleva grandes desplazamientos de la población que termina hacinada en tugurios que se forman en la periferia de la ciudad y privilegiando al sector económico de la construcción que se potencializa con la nueva distribución y organización territorial con la conformación del área Metropolitana del Sur Occidente -AMSO-.
Un asunto de interés general como es la nueva visión de Cali ajustada a los preceptos constitucionales para ser plasmada en el nuevo Plan de ordenamiento territorial para Cali y el POT para AMSO, exige que sus habitantes en desarrollo de los principios de la democracia participativa sean escuchados para decidir sobre la forma de organización del territorio y demás aspectos relacionados con la vida económica, política, social, cultural, ambiental, urbanística.
En cuanto a la propuesta del alcalde Eder relacionada con el plan “Cali 500+”, cuyo objetivo es “transformar la capital del Valle del Cauca hacia un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo de cara al año 2036. Con una visión a corto, mediano y largo plazo que involucra al sector público y privado, academia y comunidad, para construir una mejor ciudad”, que “tiene como visión prepararnos para un futuro, con una ciudad distinta que tenga una malla vial bien cuidada; que los colegios públicos no se estén cayendo; que haya más oportunidades para los jóvenes en sectores como la tecnología; y que entendamos que la sostenibilidad y el desarrollo no van en contravía, mucho menos cuando estamos entre las ciudades más biodiversas del mundo”, desde la VEEDURIA que representamos consideramos que tanto los objetivos como la visión que se pretende implementar, están muy lejanos de las soluciones reales a los graves problemas que aquejan a la ciudad y sus habitantes, sumidos en la pobreza, la desigualdad social, la falta de oportunidades de trabajo, acceso a la educación y a la salud de calidad, mejoramiento del transporte masivo y optimización de la movilidad y mayor seguridad como parte esencial de la existencia social de una ciudad más amable, incluyente y solidaria.