Para algunos gobernantes y dirigentes políticos, el uso de la fuerza pública constituye un recurso legítimo para combatir las insurgencias y los grupos armados ilegales, cuando según se dice, se han agotado los caminos del diálogo particularmente en el caso de las disidencias de las FARC que actúan en varias veredas del municipio de Jamundí y del norte del Cauca.
Como solución a este problema se propone bombardear dichas zonas rojas, lo cual tiene el aval del ministro de defensa, quien ha manifestado públicamente que tales operaciones se pueden realizar, salvo cuando se constate la presencia de menores en las zonas objeto de los bombardeos. Dichas declaraciones se producen después de que el alcalde Alejandro Eder le solicitó al gobierno -la posibilidad de bombardear los campamentos de los grupos terroristas-; petición esta que coloca en grave riesgo a las poblaciones campesinas e indígenas que habitan dichos territorios en donde operan los grupos armados ilegales, tal como ha sucedido en el pasado con las operaciones de este tipo realizadas en el sur del país contra supuestos o reales campamentos en donde han muerto varios niños y adolescentes en medio de los bombardeos.
Entretanto, la gobernadora del Valle y el alcalde de Cali insisten en activar cuanto antes los bombardeos en aquellas zonas, mientras que la gobernadora del Chocó y el gobernador del Cauca han rechazado de plano dichas acciones, que como ha quedado demostrado no han acabado con los grupos armados ilegales en tanto si han causado, destrucción y desplazamiento masivo de la población, generándose con ello graves problemas de hacinamiento en varios municipios de la región y sin que se pudiera recuperar la paz y la convivencia social.
Procesos de diálogo como el que se adelanta con el grupo guerrillero de las disidencias de las FARC, constituye un paso adelante en la consecución de la paz la cual no surge de un hecho casual ni depende simplemente de la voluntad de las partes negociadoras, sino que emana de la necesidad de crear las condiciones reales y concretas para su aclimatación, ante la posibilidad de convertirse en una realidad palpitante y segura.
Por otra parte, conviene señalar que la propuesta de crear un nuevo batallón de alta montaña sustentada por la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro para proteger las veredas de los municipios de Jamundí, Santander de Quilichao, Corinto, Robles, etc., no constituye según los expertos ninguna alternativa de solución encaminada a rescatar la seguridad, en tanto que la implementación de dicha propuesta requiere de una gran infraestructura técnica y de estrategia militar, además de contar con el conocimiento de la zona y las experiencias de combate, según se dice por parte del coronel retirado Carlos Soler ex secretario de despacho del ex alcalde Jorge Iván Ospina.
Siendo la paz un derecho y una obligación a cargo del Estado, quienes están al frente del poder del mismo deberán insistir en la necesidad del diálogo y no de la violencia, procurando en lo posible crear las condiciones para adelantar las conversaciones sobre la necesidad de la paz y poder constituir acuerdos que permitan afianzarla en el tiempo y en el espacio, para lo cual es indispensable tener una concepción ideológica y política positiva y optimista ante las dificultades que conlleva el proceso mismo de la paz.
Por otra parte, sin crear las condiciones concretas y objetivas para el desarrollo del proceso de paz será imposible lograr dicho cometido, en tanto que sí se escogen los caminos equivocados para imponer la paz apoyándose únicamente en la fuerza del Estado, dicho proceso puede fracasar en su totalidad. En todo esto, juegan un papel fundamental las acciones de las fuerzas políticas y sociales interesadas en la construcción de la paz a partir de los acuerdos de cuyo cumplimiento dependerá el buen suceso de la paz estable y duradera, más allá de las propuestas de los partidarios y voceros de la guerra disfrazada de paz armada, con la cual se busca crear un clima de mayor violencia y de odio contrario al espíritu de la convivencia pacífica y de la no repetición de una tragedia que como la vivida en Colombia y ahora en los departamentos del Valle y del Cauca tan solo ha causado muerte y desolación que podrá generar en el inmediato futuro una nueva violencia que será más destructiva y feroz que las anteriores.
