La situación crítica en la vida de los caleños en cuanto a movilidad y transporte no parece tener solución en la ciudad en el corto y mediano plazo, debido a diversos factores que en el fondo han superado las posibilidades de las autoridades para resolverlos de manera adecuada y racional a partir de la conformación de un verdadero plan estructural que incluya diferentes aspectos atinentes al desarrollo urbanístico, al aumento inusitado del parque automotor en la circulación, la implementación de un sistema masivo y eficiente de semáforos, de varios cambios en la señalización de las vías, además de una verdadera estructura del MIO como eje central de la movilidad y del transporte en la ciudad. A todo lo cual debe agregarse una pedagogía dirigida a educar a los peatones y conductores de vehículos sobre la manera de comportarse en las vías, más allá de la imposición de las multas y comparendos que poco o nada han servido para cambiar la conducta de los ciudadanos que transitan y conducen vehículos en Cali.
Mientras tanto se multiplican los debates en el seno del concejo distrital solicitando explicaciones, por ejemplo, sobre las campañas educativas que se deben adelantar por parte de la secretaría de movilidad para “educar al ciudadano”.
Así mismo se aboca el tema de los semáforos “inteligentes”, que cada vez que llueve salen del servicio generando trancones y dificultad en la movilidad en varios sectores de la ciudad, debido a que no están sincronizados o automatizados pese al elevado costo de los contratos.
Entretanto se continúa aplicando el convenio relacionado con la participación de la policía en la orientación del tránsito y que de acuerdo con la ley 1310 de 2020 y la jurisprudencia del Consejo de Estado, solo debe aplicarse en aquellas ciudades en donde no existen cuerpos especializados de tránsito, circunstancia esta que no se tuvo en cuenta para Cali, que requiere un aumento en el número de guardas y una mejor distribución de los mismos en el marco urbano.
En la actualidad, la secretaría de movilidad se ha dedicado -según algunos concejales- a realizar retenes y a imponer comparendos por doquier que se traducen en multas que en gran parte son utilizadas para subsidiar la operación del MIO y en otros casos para financiar la contratación oficial encargada de la reparación de las vías públicas, desconociéndose el monto total de lo recaudado, lo cual se invierte en gastos de operación y elaboración de proyectos misionales de la dependencia por el 2024 y el período que va del 2025, recursos estos destinados en su totalidad al transporte masivo MIO y al MIOCABLE. El ejercicio de la función pública y el cumplimiento de los deberes por parte de los funcionarios, no debe limitarse al cobro de multas dejando de lado verdaderas campañas educativas para peatones, conductores, propietarios de automotores, etc.
La crisis en movilidad que afronta la ciudad de Cali, se convirtió en una constante agravándose cada vez más como producto de la improvisación con la que se manejan el tránsito y el transporte, la cual no se podrá superar sino se tienen en cuenta las condiciones concretas y objetivas que caracterizan a la ciudad de Cali y que van más allá de las estadísticas de las que se vale el señor secretario de movilidad para justificar su gestión al frente de la opinión pública y del concejo distrital. Además, es necesario y urgente pensar en un nuevo modelo de transporte acorde con los intereses y necesidades de la ciudad y de sus habitantes, cuando tienen la necesidad de desplazarse dentro de su perímetro urbano sin que se generen los monumentales trancones viales que generan una pérdida de tiempo y una congestión del tráfico casi insuperable particularmente en el sur de la ciudad.
